Ambigua e indeterminada, ante la disolución de los marcadores de certidumbre que habilita la política democrática (Lefort [1979] 2004), la creciente secularización disuelve lo establecido y abre la pregunta por “lo posible”, trastocando las referencias existentes (Lechner, 1990). La democratización como proceso histórico, continuo, dinámico, incompleto -imperfecto y perfectible-, con dimensiones relacionadas (Portantiero, 1988; O`Donnell 2010, Tilly 2010, Whitehead 2011a), supone el reconocimiento del conflicto inmanente, junto al desafío de equilibrarlo a partir de consensos -siempre inestables y sin límites rígidos- sobre un orden que se va configurando constantemente. Esto no puede menos que impactar en el corrimiento de las demarcaciones de lo público, transitando una especie de “barajar y dar de nuevo” donde lo estatal y no estatal se juega más en términos de lo gubernamental, político, cívico, privado, personal e íntimo.

En este contexto, los esfuerzos intelectuales y del activismo civil, exceden al régimen político para ampliarse hacia aspectos de la vida social que interpelan las relaciones de las instituciones estatales con la ciudadanía. Considerando la matriz teórica originada en los estudios seminales sobre la transición democrática en los años 1980, la democratización como un proceso expansivo se resignifica, sofisticando los modos de comprender la ampliación de derechos a sujetos privados de aquellos, la difusión de sus procedimientos a áreas e instituciones regidas por otros principios, y la extensión de la participación a ámbitos e instituciones públicas y privadas antes vedados para esas prácticas (O’Donnell y Schmitter, 2010 [1986]). Alejados de las lecturas politológicas que supusieron un estadio final, natural y consistente internamente, poseedora de una dirección unívoca y con etapas estancas asociadas a un cambio de régimen político a nivel nacional, se procuran marcos analíticos más flexibles, capturando el dinamismo, la ambigüedad y variabilidad de los procesos democratizadores (Przeworski, 2010; Whitehead, 2011b).

En todos los casos y con sus matices, la democracia se ha complejizado teórica y socialmente, con usos y aplicaciones que revelan novedosas dimensiones, espacios, sujetos y lugares como desafíos. Este artículo analiza la contemporaneidad del concepto de democratización en función de las tematizaciones y luchas en torno a los derechos de sexualidad y los derechos de comunicación.Desde las diferencias en los temas, actores y prácticas implicadas, se comparan los núcleos argumentales que aparecen en dos contextos de discusión recientes de la política argentina a raíz de los debates sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) -Nº 26.522- (2009)2 y la Ley de Matrimonio Igualitario -Nº 26.618- (2010)3. ¿Por qué su litigiosidad? ¿En qué radica la aridez de estos temas y los debates abiertos? ¿Qué nos dejan estas disputas?, son algunas preguntas que orientan los argumentos analíticos aquí volcados.

El abordaje se concentra en observarlos para contrastar desde el análisis teórico político los conceptos, sus implicancias prácticas y las relaciones con la política democrática. Apoyados en el estudio empírico de estos procesos y debates respectivos (Berdondini, 2015), en esta oportunidad el enfoque combina elementos de la teoría política con cada una de las tematizaciones de las comunidades epistémicas, priorizando en la exposición la discusión teórica conceptual. La idea de democratización aparece en términos de demandas por derechos interpelando los modos de relación entre instituciones estatales y ciudadanía.Al enfatizar los usos del par público y privado, enlazadas como categorías políticas en una red conceptual que implica la de Estado, sociedad civil, democracia, su modificación ocurre históricamente mediante conflictos por la definición de sus límites, que forman parte de maneras específicas de concebir la vida social y política (Rabotnikof, 2005).

Desde esta mirada, el proceso democrático no sólo es la base de estas construcciones sino que también es el puntapié para cuestionarla, al denunciar las invisibilizaciones, clausuras y exclusiones del acceso a derechos. Resultando procesos eminentemente conflictivos, estos cuestionan lo instituido y normado, apelan al acceso a derechos y a la participación como condición de ciudadanía (o en su defecto, como detractores de la misma). Los derechos como campos de luchas socio-políticas escenifican la inclusión y exclusión del cuerpo político, quiénes son ciudadanos y en qué condiciones, es decir, la construcción de los sujetos y el contenido de los derechos. Visibles y no visibles, inclusión y exclusión, apertura y clausura, conflictos y consensos, son dicotomías que enlazan estos procesos al desafiar lo estatuido e institucionalizado.

Atentos a las aristas litigiosas que se pusieron en juego en la llegada a la agenda política, se muestra el trasfondo de problematizaciones públicas que posibilitaron plantear e interpelar qué es lo común en estos procesos. Se advierte así, utilizando libremente a Ranciére (2012), el momento de irrupción de “la parte de los que no tienen parte”. En ambos el carácter litigioso se manifiesta en el condicional que imprime al derecho, desencadenando los procesos de las “leyes candentes” respectivamente: “Dime tu orientación sexual y te diré si te puedes casar” expresado en “¿Por qué no me puedo casar?” o “Dime quién lo tiene y te diré cómo y qué comunicas” y “¿por qué no puedo hacer oír mi voz?”.

Las “leyes candentes” comprenden procesos de sensibilización y movilización social que se dan respecto a determinados temas, que conjuga estrategias políticas, judiciales y legislativas, generalmente protagonizadas por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ONGs-, pero también con actores estatales y económicos que se aglutinan -pugnan- en torno al mismo y confluyen en la arena legislativa4. Estas dimensiones que las hacen conflictivas, se suman -y explican- por las características de su visibilidad en escalas, donde se interrelacionan agendas ciudadana, pública y política, con debates públicos, políticos y estatales (Berdondini, 2015).

Los procesos en torno a las “leyes candentes”, al cuestionar lo establecido e instituido, interpelan la representación del “pueblo”, quiénes son ciudadanos y qué es “lo común a todos”. Exponen ante el Estado, a la comunidad, aquello que está oculto, invisible, carente de condiciones de ciudadanía y por ende, no representado. Las muchas minorías surgen, las voces y los cuerpos claman aparecer en el espacio público, los límites se escenifican y disputan su corrimiento. Con acciones en escalas múltiples, en su arribo y procesamiento, son ordenadas por las instituciones estatales hasta nuevo aviso, cuando nuevamente sean cuestionados otras exclusiones, cuerpos y voces. Se trata de romper las reglas instituidas, barajar y dar de nuevo los derechos, las reglas, los reconocimientos, en un orden difícil de tornarse duradero pero cuyos efectos democráticos en los debates, sujetos y derechos implicados, trastocan “lo común” al ampliar las condiciones de ciudadanía y la representación del pueblo.

Con estas coordenadas se examinan los sentidos de la democratización que aparecen en los contextos de discusión de los derechos de género y sexualidades y de comunicación e información, que interpelan a la representación política institucional pugnando por hacerse presentes, los “representables”5. En ambos casos, se muestra que se fundan en un amplio repertorio de derechos que trasciende las libertades civiles clásicas, de corte liberal, para anclarse en el lenguaje de los derechos humanos. Articulando dimensiones individuales y colectivas, se enlazan las diversidades, pluralidades y heterogeneidades, en oposición a la concentración y homogeneización -de información, comunicación, voces, cuerpos, sexualidades, familias-.

Entre la garantía de los mínimos y la expansión de los horizontes de la política democrática, vinculada a la noción de derechos y ciudadanía, la ampliación, participación y acceso implicados varían para advertir otros significados, sujetos, desafíos y amenazas de las libertades e igualdad. Amalgamando elementos liberales y democráticos en los procesos de ciudadanización, los derechos civiles e individuales y los sociales y colectivos surgen como ejes de las tensiones y conflictos abiertos en los procesos estudiados. Con ciertos núcleos problemáticos del tratamiento parlamentario, la politización y secularización se relacionan con la democratización de la comunicación y de las sexualidades y las familias, cuya diversidad y pluralidad se clama sean incluidas e instituidas en el orden político como condición de ciudadanía. Concluyendo con el devenir de los actores e instituciones en democracia, se espera contribuir a comprender las tematizaciones sobre los derechos en disputa que explican las aristas litigiosas de las “leyes candentes” al arribar a la agenda política.

La contingencia de la ordenación política, como el aprendizaje de las reglas de juego por parte de nuevos y viejos actores, demanda esquemas comprensivos flexibles, con conceptos y cartografías teóricas renovadas, más atentos a la versatilidad de las prácticas contemporáneas. Las variaciones contextuales y las posibilidades analíticas presenciaron la preocupación por la construcción de un régimen democrático, pasando de la liberalización a la transición, la consolidación, para interrogarse por la calidad. Recientemente la democratización se ha re-conceptualizado, advirtiendo un movimiento constitutivo, histórico, abierto, multidimensional y ambivalente, posible de avanzar y revertirse en sus distintas facetas (O`Donnell, 2010; Tilly, 2010; Whitehead, 2011a).

El accionar conjunto entre activismo social y civil junto al trabajo académico e intelectual, desencadenó debates fecundos para la democratización, advirtiendo dimensiones y problemas soslayados en los abordajes centrados en el régimen político. En esa dirección, para los desarrollos de los derechos de comunicación y sexualidades aquello que el régimen político supuso, no necesariamente es representativo y reflejo de lo acontecido en estos ámbitos, siendo nodales las relaciones con las instituciones estatales y los actores políticos en las tematizaciones. En ambos casos hay comunidades epistémicas que exceden las fronteras nacionales, para encontrar una red de instituciones de la sociedad civil, universidades, movimientos sociales, intelectuales, activistas y periodistas críticos. Construidas largamente en democracia, en escalas múltiples de incidencia y acción -nacional e internacional-, han logrado interrelaciones, interdependencias e interlegalidades, enlazando estructuras de oportunidades políticas en distintos niveles (Jelin, 2003; Sikkink, 2003).

La ampliación de derechos, la participación, el acceso de actores otrora excluidos y el impulso democratizador hacia áreas y procesos (O`Donnell y Schmitter [1986]), van desde lo personalísimo en un caso, al espacio mediado y mediatizado, en otro, siendo el eje de las demandas de ciudadanía en disputa. En sus diferencias tangenciales, complejizan la idea de democracia para ir más allá del régimen político y expresar sus relaciones con los modos de vida social, es decir, su expansión a otros sujetos, espacios, lugares y procesos, privados del acceso e inclusión. ¿Qué derechos? ¿Para quiénes y cómo? resume la litigiosidad de los debates abiertos.

Los estatutos, significados, prácticas y sujetos de la igualdad y la libertad se actualizan para señalar nuevos desafíos democráticos entre las dimensiones individuales, sociales y colectivas. Con renovados estallidos, los derechos humanos y las libertades son nodos de las problematizaciones en el espacio público, apareciendo tensiones entre la individualidad y la vida colectiva que se ponen en debate en el orden político. Derechos individuales y sociales son disputados a través de discursos y prácticas que, desde paradigmas diversos y conflictivos, a veces se superponen, otras se potencian y complementan. Allí se juegan los límites y demarcaciones, donde lo estatal y no estatal aparece en términos de lo público, cívico, gubernamental, privado, personal e íntimo.

Las transformaciones son cimentadas a nivel internacional abordando, por un lado, los derechos individuales de libre expresión, prensa, de empresa, de propiedad, como derechos humanos a la comunicación e información, es decir, como bien público, social y universal. Por otro, los sexuales y de género son derechos personalísimos afincados en la libertad y la autonomía individual que, atravesados por cuestiones políticas, históricas y culturales, al no reconocerse por el Estado, restringen la condición de ciudadanía en el acceso a derechos civiles y sociales. Ambos tienen precedentes relevantes en la distinción entre derechos individuales, como límite y restricción al poder del Estado, mientras los derechos sociales requieren la garantía del Estado para el cumplimiento y ejercicio de los mismos. En estos sentidos, los casos son disonantes pero confluyentes en los sentidos democratizadores y las pujas por lo representable.

Los derechos de sexualidad y género politizan lo íntimo y personal cuestionan el comportamiento del Estado bajo el paradigma de la tolerancia para abogar por la ciudadanía plena -con el reconocimiento social y estatal que ello implica- (Meccia 2006; Kantor, 2011). Al hacer público algo personalísimo como la orientación sexual en tanto condicionante de ciudadanía, la divorcian de la privatización liberal (y la asocian a “privación”), reivindicando la autonomía individual de decidir sobre la propia vida y el cuerpo, a la vez que denunciar la negación del acceso a los derechos sociales y económicos ligados a la conyugalidad y la familia.

Lejos de recluirse al ámbito de las necesidades, de lo doméstico, de lo natural, la politización posibilita que cuestiones personales e íntimas sean reconocidas social y públicamente. En este largo camino de la diversidad sexual, la primera fase reside en las garantías de un conjunto de derechos y reivindicaciones civiles “mínimas” (y básicas) que hacen a la condición de ciudadanía6. Sin embargo, se trata del reconocimiento por parte del Estado de la autonomía de los ciudadanos para decidir acerca del modo de vivir su vida íntima, personal, afectiva y familiar de modo universal, es decir, garantizando la igualdad de acceso. En definitiva, son procesos de democratización de la vida cotidiana y de la extensión del “derecho a tener derechos” basados en el reconocimiento y respeto de multiplicidades de sexualidades, familias y convivencias (Jelin, 2010:25). Las diversidades tienen en la modernidad un punto de partida en la emergencia de sujetos individuales autónomos –que presupone la libertad, elección y responsabilidad de cada persona en la decisión de su propio destino-. El reconocimiento social, al enlazarse con la identidad individual y colectiva, implica que el Estado y la sociedad reconozcan las diferencias y las permita manifestarse como condición de ciudadanía (Pecheny, 2007)7.

Los derechos de información y comunicación, claman por la libertad de expresión en su dimensión individual y la ligan a la pluralidad de voces como derecho social a garantizar por el Estado. Las luchas por los cambios en las reglas de juego del sistema comunicacional abogan por la comunicación como derecho humano universal, bien social y, por lo tanto, servicio público esencial para la democracia y la ciudadanía. De este modo, se cuestiona la tenencia y concentración de los medios de comunicación en manos privadas, denunciando la negación de las “muchas” y diversas voces en el acceso a tal derecho, diferenciando la pluralidad de la independencia informativa, y la libre empresa -propiedad privada-, de la libertad de expresión y de prensa. Interpelando al vínculo histórico entre política y medios de comunicación, se demanda un rol estatal que se distingue de lo gubernamental. Allí la dimensión pública del Estado como aparato que expresa el interés general, clama no confundir sus instituciones con la del partido gobernante, esto es, en beneficio de una facción de gobierno transitoria (Iazzetta, 2007:139-141).

Surgidos como derechos negativos ante el Estado, las libertades de opinión, de expresión y de prensa, no están garantizadas en estas condiciones. A fines del siglo XX, el derecho a la comunicación se amplía hacia el conjunto de la ciudadanía, garantizando a toda la población la posibilidad de expresarse sin limitaciones a través de cualquier tipo de medio (Califano, et. al., 2012). Lejos de limitarse a las dimensiones individuales, adquieren aspectos sociales y colectivos: el Estado ya no es la única amenaza y se torna un actor clave para asegurar su efectivo cumplimiento, o ser demandado a tal efecto, a través de políticas comunicacionales. La posibilidad del acceso al derecho a informar y comunicar como condición de ciudadanía, abre las pujas sobre las fronteras entre lo público y privado, irrumpiendo aquello se excluye, oprime e invisibiliza en el espacio democrático.

La libertad de expresión excede la faceta individual liberal para connotarse socialmente y anclarse en el lenguaje democrático de derechos. Actores sociales, pequeños y medianos, excluidos del espacio infocomunicacional, interpelan lo público cuestionando el carácter privado, centralizado y comercial8. Es decir, la estructura concentrada de los medios privados de comunicación a los que se liga la libertad informativa es antes un obstáculo al derecho de los muchos. Basados en los derechos de comunicación y de información, la propiedad y libertades garantes de la esfera privada, son denunciadas por los usos y consecuencias sobre el espacio público político. Desde esta perspectiva, las tensiones entre los derechos individuales, la libertad e independencia informativa que las empresas privadas claman, se contraponen a la función social de la comunicación como derecho humano.

La privatización del espectro info-comunicacional o su carácter público resume los conflictos en torno a la comunicación, como derecho individual, ligado a la libertad de expresión, de prensa, de propiedad privada y libre empresa, y como derecho humano, en su dimensión de constructor de ciudadanía, como servicio público, bien cultural y de función social. Así dado, no basta el sentido liberal otorgado a los derechos civiles, hay dimensiones sociales de la independencia y pluralidad informativa que se vinculan a la diversidad comunicacional y cultural, vulneradas por la concentración privada de los medios de comunicación.

En los cuestionamientos al orden político y la democratización implicada en cada tema, la politización del par público y privado como la secularización (e incluso la laicización), son centrales en la labor intelectual y del activismo. Otrora relacionada con el poder clerical en su diferenciación con el Estado, los teóricos contemporáneos de la secularización han complejizado las relaciones de la política democrática con la religión (Casanovas, 2007). En este sentido, en los contextos analizados, junto a la distinción de las esferas estatales, religiosas y empresariales, se advierte un sentido relacionado al hecho de quitar el aura sacra o sagrada que hace “dado” e “intocable” un lugar, un tema, un status, tornándolos susceptibles de ponerlos en cuestión.

Los esfuerzos por la democratización comunicacional propugnan políticas públicas alejadas de la tendencia al economicismo, basados en el concepto de bien y servicio público: pluralismo, diversidad, integración y participación de la ciudadanía(Zallo, 2012; Mastrini et.al. 2012; Califano, et.al. 2012). La idea de derecho a la comunicación complejiza los principios de libertad de expresión y de prensa al cuestionar la concentración info-comunicacional y poner en escena los efectos conglomerales de la propiedad privada y la libre empresa. Estasno sólo excluyen a otros actores y modos, sino que al mercantilizar dicha función y trabajar exclusivamente con lógica de mercado, privan del acceso a dar y recibir comunicaciones e informaciones plurales. La amenaza a los derechos y libertades no sólo recaen en el Estado y el uso gubernamental que la tradición liberal supone, la concentración privada y la homogeneización de voces son también restricciones eficaces a la libertad de expresión, habiendo diversos grados a contemplar.

Lejos de una política democrática, el vínculo histórico discrecional entre los gobiernos, las empresas privadas y los medios de comunicación, atenta contra la diversidad y el pluralismo. Las pujas desacralizan “la veracidad” y neutralidad del discurso mediático, con consecuencias sobre el periodístico, deshaciendo los presupuestos de independencia informativa implicados en los derechos civiles clásicos. Los movimientos sociales y el trabajo intelectual junto a los debates públicos, revelaron a lo comunicacional como un lugar donde se dan disputas de poder, se juegan intereses económicos y políticos, y fundamentalmente se pugna por los sentidos de la democracia. Si los medios de comunicación afectan, inciden e intervienen en el espacio público -que es político-, “la agenda mediática no sólo es importante por lo que incluye, sino fundamentalmente por lo que excluye” (Marino et.al, 2011:16).

Al abogar por los medios de comunicación como servicios públicos se apela tanto a la independencia de los gobiernos, como de la lógica económica del mercado. Surge entonces la pregunta sobre el carácter de la comunicación e información, ¿es un bien público o es un bien privado?, ¿quiénes, dónde y cómo ejercen los derechos y libertades? En este viraje, el clamor de un espacio público político aboga por un Estado como garante de la heterogeneidad de voces y fuentes informativas. En ello diferencia lo gubernamental de lo estatal, como lo privado comercial y lo privado sin fines de lucro, también llamado espacio social. La construcción de un espacio estatal, societal y comercial -establecida en la nueva normativa-tampoco dista de ser problemática dado que depende, paradojalmente, de los poderes del Estado y los gobiernos para hacerlo efectivo.

La politización de lo íntimo y personal (sexualidad, género, conyugalidad, familia, reproducción) en términos de derechos humanos, desafía las construcciones sobre lo público y privado, mostrando que están atravesadas por relaciones de poder, subordinación y dominación. Los movimientos sociales y el trabajo intelectual revelan los modos de politicidad de los vínculos sexuales y denuncian en qué medida esas prácticas y formas de institucionalización son desiguales, autoritarias y violentas (Pecheny, 2010:87). En todos los casos, expresa el modelo de sexualidad y familia “normal” y “natural”, al tiempo que da luz a los “otros” ocultos. Principalmente, porque siempre hubo otras formas de organización de los vínculos familiares, de convivencia, de sexualidades y maneras de llevar adelante las tareas de procreación y la reproducción (Jelin [1998], 2010:22-23).

Enfatizando el estatuto político de la sexualidad y la dimensión histórica, social y cultural, los abordajes no sólo denuncian el orden patriarcal sino que cuestionan el sistema binario de roles para “vivir fuera del género” (Bornstein) o “deshacer el género” (Butler). Esto posibilita interpelar lo “incuestionable”: lo natural, lo “dado”, la reproducción, la biología y el sistema binario de géneros. La noción de género instala una primera estrategia para quebrar el designio de la naturaleza: si el sexo respondía al orden de lo inmutable, el género como construcción cultural de la diferencia sexual habilita la lucha política (Gutiérrez, 2011).

Si bien se ha mostrado localmente el vínculo entre sexualidad y creencias religiosas en el proceso de matrimonio igualitario (Vaggione y Jones, 2015), persiste la demanda de diferenciación entre las esferas religiosas y políticas en la disputa pública. Con la discusión parlamentaria sobre los derechos conyugales para “personas del mismo sexo”, re-nombrada Ley de “Matrimonio Igualitario”, se cuestiona políticamente y se rompe por primera vez con la heteronomía, es decir, el principio en función del cual las relaciones afectivas y familiares reconocidas y alentadas por el Estado se basan en la unión reproductiva de una mujer y un varón. Franquear este eje central sobre el que se articularon las oposiciones de los distintos credos y sectores políticos, posibilitó reforzar la democratización al aparecer en la arena política la diversidad sexual - gays, lesbianas, bisexuales y trans- clamando por la igualdad civil y la universalización de los derechos conyugales y de familia. La secularización comprende entonces la dimensión laica del Estado en su separación de lo confesional, religioso y clerical, y es también condición de autonomía de las religiones y la política sexual.

La politización de la sexualidad y la vida privada posibilita penetrar la política y el Estado como condición de garantía de ese espacio de autonomía y libre decisión. El interés en las aristas para la democratización refiere, siguiendo a Jelin [1998], a un entorno de intimidad y convivencia planteado desde el respeto y el reconocimiento de sus miembros como “sujetos de derechos”. Las luchas de los movimientos feministas, de mujeres, y luego de las diversidades sexuales, confluyen bajo la consigna “lo personal también es político”, disputando los límites históricos establecidos al denotar el carácter no natural del ámbito íntimo. Al cuestionar la distinción liberal dicotómica de lo público- privado, se denuncia la trivialización en esa “privatización” como expresión de las relaciones de poder subyacentes y la construcción legal y cultural que ellas implican (Rabotnikof 1998:10). También, un enfoque centralizado en los derechos individuales de la tradición liberal legitima la posibilidad de estas reivindicaciones en la inviolabilidad de la esfera de lo personal, intimo, familiar, junto a la garantía del Estado de estos derechos.

La política democrática expone en estos contextos cuestiones consideradas “privadas” que hace públicas, connotando la politicidad de ese par al mostrar que el Estado y los arreglos institucionales no son inocuos. Una vez que lograron ser planteadas públicamente, invirtiendo los términos, relaciones y posiciones ante los actores políticos y el espacio público, se llega a interpelar qué es lo común al exponer el condicional al que está sujeto el derecho en disputa, nodal para comprender el carácter litigioso de los procesos de las “leyes candentes”: “Dime tu orientación sexual y te diré si te puedes casar” expresado en “¿Por qué no me puedo casar?” o “Dime quién lo tiene y te diré cómo y qué comunicas” y “¿por qué no puedo hacer oír mi voz?”. Si en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la demanda de “Otra comunicación” signa el proceso de agenda pública, en el Matrimonio Igualitario las pugnas arriban con “Los mismos derechos con los mismos nombres” para connotar lo que se aboga9.

En la Argentina el tratamiento parlamentario de ciertas “leyes candentes o sensibles” movilizó a la población con debates cuyos procesos observan interacciones entre derechos humanos, ciudadanía e instituciones, como tensiones en torno a las fronteras de lo público, estatal, gubernamental, lo cívico, privado, íntimo y personal. Su relevancia y carácter “sensible o candente” resulta de sus implicancias sobre el espacio público, por el fuerte cuestionamiento de lo establecido y normado que articulan las discusiones, las prácticas, los conflictos e intereses en puja. La arena parlamentaria refleja el procesamiento e institucionalización de las distintas posiciones, condensando en las leyes el modo específico de cómo se resuelve el conflicto en torno al tema. Al explotar públicamente, durante el debate parlamentario los núcleos argumentales transitaron diferencialmente por posiciones polarizantes, a veces exponiendo y otras solapando los ejes de litigiosidad.

En ambos casos, los sentidos de la democratización se resignifican con las diversidades y pluralidades que claman por ser incluidas y garantizadas, contraponiéndose a la homogeneidad y concentración de voces, informaciones y comunicaciones, como de sexualidades, modos de ser pareja y familia. Una en lo íntimo y personal, y la otra en lo público mediático, ponen a la luz pluralidades -muchas- y diversidades –distintos- que desafían la unicidad, homogeneidad y concentración en torno las sexualidades, las parejas, las familias, así como de las formas de la comunicación, quién, cómo y qué se informa con sus respectivas consecuencias sobre los sujetos de derechos y condiciones de ciudadanía.

La democratización asociada a la heterogeneidad, diversidad y pluralidad, se contrapone a la homogeneidad y concentración. En una para pugnar el reconocimiento estatal de la diversidad sexual desde la posibilidad de elegir la propia vida en lo personalísimo. En la otra para advertir las consecuencias de la propiedad privada de los medios de comunicación en pocas manos, en contraposición a los muchas y diferentes voces. Muestran que las regulaciones distan de ser vacuas y por ende, en un Estado de Derecho, la relevancia de la legalidad abre las luchas para poner en evidencia las inclusiones y exclusiones, como la apertura o clausura que el espacio democrático supone.

El núcleo problemático en torno a la Ley de Matrimonio es sobre la igualdad en los derechos, los nombres y las prácticas. No sólo el tratamiento estatal de las parejas gay-lésbicas está en juego, sino la institución del matrimonio, eminentemente pública y social como cargada de sacralidad10: la o las familias, los hijos, la procreación, la co-maternidad, co-paternidad, venían a desandar la heteronormatividad. Desde una perspectiva que vincula ciudadanía, sexualidad y Estado, el procesamiento en la arena parlamentaria puso a la igualdad civil y la laicidad en debate, logrando por primera vez poner a la diversidad sexual en el universo político, no sólo como eje de la discriminación, sino mostrando la exclusión y desigualdad de ciudadanía de las personas y familias no heterosexuales.

Entre derechos individuales y sociales, pedir el matrimonio era hablar de la familia11, con ciertos temas en común más allá de la heterogeneidad cultural: la convivencia, la sexualidad, la procreación, la herencia, la obra social, el permiso en el trabajo. La unión o enlace civil, presentada como “tercera posición” u “opción intermedia”, se basaba en los “ni” (derechos ni nombres). Los argumentos en la arena legislativa develaron que los derechos se jugaban en los nombres, con el foco en la procreación, los hijos y adopción, donde confrontaron activismo religioso y civil respectivamente, atravesando a los partidos políticos.

La universalidad de la conyugalidad y la familia implicó el reconocimiento estatal de la diversidad sexual, re-significando la “Igualdad en la diferencia”: no se trata de que la mayoría disponga de la minoría, ni de “tratar igual, lo igual” y “desigual, lo distinto” -cuestiones que surgen en el debate-, sino de garantizar la igualdad de acceso al mismo derecho. Lejos de la uniformidad que ello supondría, reconocer las diferencias, la heterogeneidad y diversidad como base de la libertad individual para decidir sobre lo íntimo y personalísimo.

Los debates abiertos con el proceso legislativo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual develaron que las pujas de poder se juegan en lo comunicacional (y viceversa), la ausencia de discusión pública y de una política comunicacional democrática. Los muchos, los pocos, los derechos y las libertades, el lugar del Estado, los gobiernos, el mercado, los representantes políticos, la concentración, como los efectos sobre la diversidad y pluralidad, son algunos de los ejes que trajo esta “ley candente” a la política argentina. Quien lo tiene – estatal, privado con o sin fin de lucro, comunitario o social-, y qué se dice –carácter de la información-, expone el rol de los medios de comunicación y el vínculo con el poder político y económico.

La pugna es en torno al espacio mediático, con su potencialidad de comunicar, dar y recibir información, constituir, interpelar, “formar” públicos, opinión pública y ciudadanías. Al abrir el debate público se lograr trascender la discrecionalidad histórica entre gobiernos y empresas privadas: la relación entre el sistema político y el mediático se puso (y está) en el foco de los cambios en las reglas de la comunicación. El poder performativo de los medios, los intereses económicos y políticos, como los vínculos con los gobiernos de turno, los modos y prácticas ejercidas son algunas de las aristas que los debates trajeron.

Pese a la dicotomía del “combate a los monopolios” y “la ley cepo o mordaza K” que atravesaron los discursos políticos, polarizando el proceso entre quienes pretendían votar a libro cerrado y los que preferían la inexistencia de la ley, las nociones de posición dominante, desconcentración del mercado, pluralismo y libertad informativa ingresaron progresivamentea los núcleos argumentales. Salir de la lógica binaria implicaba contraponer la libertad de expresión a la concentración -de ideas, de producción y acceso- de los medios y sus prácticas abusivas, como restricciones a la diversidad informativa y a la participación de los distintos sectores. También se obturó una posición honesta cimentada en que la mejor ley de medios es la que no existe, o en el quehacer del Estado con la asignación de licencias en base a subasta, con reglas del mercado.

Ante la inexistencia de referencias democráticas, teniendo como antecedente y marco normativo el decreto ley de la Dictadura Militar del año 1980, los actores recurrieron a ese período y arreglo institucional para fundar el cambio de la ley. La posibilidad de acceso al espacio mediático de actores excluidos de la posibilidad de ingresar al espacio de la radiodifusión, pone en escena a la comunicación como bien y servicio público con “otra comunicación” que excede lo privado comercial con fines de lucro. A la vez, se reveló el uso, adaptación y sustanciación de situaciones de hecho en beneficio de los concentrados intereses económicos y políticos. Las políticas comunicacionales en democracia (pero no democráticas), sustraídas a las relaciones entre los gobiernos y empresas privadas, habían concentrado el mercado comunicacional, y con ello las informaciones, voces e imaginarios.

De este modo, se complejiza la vinculación con la universalidad e inclusión que la política democrática implica en sus dimensiones de estatalidad y la garantía de los derechos individuales y sociales. Desde los derechos de comunicación y de sexualidades se apela respectivamente al reconocimiento de las diversidades y pluralidades: una en la esfera íntima y personal; otra en el espacio público mediático. En el ámbito privado e íntimo, en relación a la inclusión de las diversidades sexuales, conyugalidades y modos de ser “familia”, con los derechos civiles y sociales implicados en el reconocimiento estatal. En el espacio mediático, la diversidad comunicacional se liga a lo cultural, por la relevancia que públicamente tiene el acceso a comunicaciones e informaciones plurales y distintas.

La complejidad analítica de la democracia en su trama representativa contemporánea, relacionada con las transformaciones del espacio público y los contextos de discusión, recuerda que lejos de ordenaciones dadas o necesarias, esta es contingente, ambigua y variable. Con novedosos modos de producción de la política, con la práctica de viejos y nuevos actores que enmarcan los procesos, los sentidos de la democratización se renuevan al insertarse diversos actores, intereses y racionalidades en el juego político e interpelar a la propia representación e institucionalidad. Con la política democrática atravesada entre la garantía de los requisitos mínimos y la expansión de los horizontes, se avizora que el acontecer imprime diferencias en los sujetos y estatutos de la igualdad y la libertad, como en los sentidos, procesos y temporalidades.

El comportamiento político de los actores e instituciones se articulan con la construcción de comunidades epistémicas a escala nacional, regional e internacional. La problematización, tematizaciones, denuncias y propuestas en diversas escalas de incidencia en las agendas públicas, interpelan a los actores políticos e instituciones estatales al evidenciar las exclusiones de “lo común a todos”. Basados en tratados internacionales de derechos humanos, con acciones de sensibilización en la vía pública y en medios de comunicación, hacen presentaciones en organismos gubernamentales y en la justicia, con fallos y contrafallos que sientan jurisprudencia o suspenden su curso, piden cambios normativos con proyectos legislativos y realizan contactos progresivos con fuerzas y actores políticos.

Desde los derechos de comunicación evidencian el rol de los medios de comunicación como actores políticos, en sus rasgos materiales y simbólicos, y claman por el acceso de voces al espectro mediático, complejizando la idea de libertad de expresión y de prensa. Advierten los diferenciales mecanismos que la afectan, como la gama y los grados de situaciones que la vulneran. Las luchas en torno a “lo íntimo y personal es político” por los derechos de género y sexualidad cuestionan el carácter natural, dado y apolítico, destacando las dimensiones políticas, socio-culturales e históricas implicadas. Allí se enlazan repertorios del movimiento de mujeres, para luego potenciarse y resignificarse con las diversidades sexuales. Evidenciar que la vulneración del espacio de libertad más personalísimo e íntimo es el fundamento de desigualdad se ubica en ese planteo.

Se advierte no sólo un aprendizaje de las reglas de juego, sino también un cuestionamiento y evidencia de las desigualdades establecidas e institucionalizadas. En estos la problematización de los derechos y representación de intereses se contrapone a actores corporativos (Iglesias, grandes empresas, corporaciones nacionales y multinacionales) ligados al poder político. Al decir de Portantiero (1988), ilustran la tensión productiva entre movimientos sociales y orden político, exteriorizando el conflicto democrático entre pluralismo social y corporativo. En general, inscribiéndose en un marco de condiciones políticas, desafían lo estatuido e interpelan social y políticamente a los actores e instituciones estatales.

Las demandas que aparecen en estas coyunturas como ejes de las disputas fueron largamente construidas en la democratización, habiendo continuidades y cambios en la temporalidad de las posiciones y prácticas, para llegar a interpelar a la comunidad política y tornarse “representables”. Los actores sociales recurren a estrategias judiciales, legislativas y políticas para hacerse presentes y poner en evidencia las exclusiones y omisiones que atentan contra la igualdad y libertad abogadas. Aprendiendo sobre los propios pasos, se movilizan, inciden, reclaman, abogan, van a la justicia, presentan recursos de amparo y proyectos legislativos. No obstante, los actores políticos son centrales en la canalización y resolución, en tomar el tema y decidir impulsarlo, mostrando en otros trabajos las diferencias que imprimen en el procesamiento de acuerdo a la construcción, las luchas y las fases de problematización pública (Berdondini, 2015). Mientras las regulaciones del espacio mediático y el sistema comunicacional fueron restringidos y limitados a las relaciones discrecionales entre gobiernos y empresas privadas, las cuestiones íntimas y familiares fueron históricamente fuertemente reguladas y normadas, al tiempo que han ido apareciendo (o explotando) en ocasiones diversas. En este sentido, la democratización como régimen político no coincide con la de la sexualidad y la comunicación.

La institucionalidad y la legalidad en disputa resulta a veces adelantar, otras atrasar, pero el devenir democrático no es inocuo e imprime diferencias al acontecer y aprendizaje de las reglas de juego de los actores de la trama representativa. Mientras Argentina en el año 1987 fue de los últimos países occidentales en admitir el Divorcio Vincular heterosexual, en el 2010, está entre los primeros 10 países en reconocer el Matrimonio Igualitario. Por lo contrario, las regulaciones del espacio info-comunicacional fueron sistemáticamente negados como debate político, remontando al año 1953 para hallar el único antecedente similar de tratamiento, debate y sanción legislativa, siendo las tres normativas anteriores decretadas por gobiernos militares. En ambas cuestiones, se trató de hitos fundamentales pero sólo como un piso de condiciones posibilitador de una agenda democratizadora de las comunicaciones y las sexualidades.

El ingreso al universo político pende de las definiciones y construcciones de la agenda política. Al tomar los actores políticos la iniciativa, la temporalidad como el contenido de las decisiones cambia, asumiendo otras dimensiones en el procesamiento y condensación. Al decidir los actores e instituciones ponerlo en la escena pública política y recorrer la arena parlamentaria, incluso por las complejidades y los tiempos que ella implica -muchas veces criticada-, también posibilitan con esos debates, medir los tiempos sociales, culturales y políticos. Si lo instituido nunca llega a estar del todo establecido (Lefort, 2004:255), estos eslabones interrelacionados desde su carácter conflictual y consensual, irrumpiendo lo establecido, no puede menos que dejar secuelas democratizadoras, o, al menos, nutrirlas.