En 2015, Jorge Arreaza, en ese entonces vicepresidente de Venezuela, recibió de manos de José Graziano Da Silva, director de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (FAO, según sus siglas en inglés), el reconocimiento por el trabajo en la reducción de la pobreza y el hambre en Venezuela. Solo 29 países han logrado conseguir simultáneamente estas dos metas. Para entregar ese premio, la FAO se basó en cifras entregadas por el Estado Venezolano en las que se reportaba que el país latinoamericano había logrado reducir el hambre de 13,5% entre 1990 a 1992 a 5% entre 2007 y 2012, meta pautada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2015. Lo llamativo es que en los años venideros, en Venezuela no hay cifras oficiales con respecto al estado nutricional y de morbimortalidad de su población. En el reporte global de crisis alimentaria publicado en el 2017, la FAO publica «El empeoramiento de la situación económica en Venezuela puede causar una severa escasez de bienes de consumo, incluyendo comida y medicinas. Por lo tanto, la seguridad alimentaria necesita ser monitoreada» ⁴ .

Según el reporte de la ONU-FAO y la UNICEF en noviembre 2018 ⁵ , se determinó que en Venezuela el porcentaje de población subalimentada subió de 5% al 11,5% entre 2016 y 2018, la desnutrición aguda global alcanzó porcentajes de emergencia en niños menores de 5 años y embarazadas de sectores pobres. Se estimó que 105.400 niños estaban en estado de desnutrición y 558.620 en riesgo de desnutrición, lo cual equivale a pobreza crítica. A esto se suman 38.160 mujeres embarazadas (20%) en estado de desnutrición, además, estimando que el 50% de la población (16.75 millones de venezolanos) están en estado de pobreza. Para el año 2017, la encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) ⁶ , ⁷ , reportó que el 64% de la población venezolana había perdido 11,2 kg de peso en promedio, concluyendo que el venezolano para ese momento tenía una ingesta calórica diaria de 600 Kcal/día.

El 94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos por las extremas condiciones de privación económica, especialmente aquellos venezolanos mayores de 60 años que viven de una pensión (1,6 millones de personas). El 80% de los hogares venezolanos viven en inseguridad alimentaria por el cierre de establecimientos, la escasez y costos de los alimentos y las dificultades para cocinar por falta de agua, gas y electricidad ⁸ , ⁹

La Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) ¹⁰ anunció que el precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) en mayo de 2019 es de 2.552.836,38 BsS. La cifra expuesta representa un aumento de 628.571,46 BsS, equivalente al 32,7% de aumento con respecto al mes de abril. Según este reporte, se requieren 63,8 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria, para una familia de cinco miembros. Para tener claro el impacto de esta inflación se debe enfatizar en que, el bono alimentario diario que recibe un trabajador en Venezuela es de 833,33 BsS, mientras un almuerzo en promedio cuesta 11.000,00 BsS en los establecimientos más económicos.

Aunque la emergencia humanitaria en alimentación compromete severamente este derecho humano para los 31.8 millones de venezolanos, existen poblaciones y comunidades en extrema pobreza por los efectos del hambre y la desnutrición. Por esta razón, Venezuela actualmente se encuentra entre los primeros países del mundo con grave inseguridad alimentaria.

Las políticas de salud establecidas en los últimos años en Venezuela han quebrantado el estado de bienestar de la población. El déficit de políticas en medicina preventiva y la escasez de medicamentos tanto de alta como de baja rotación, han condicionado un repunte en la morbi-mortalidad del venezolano. Si nos centramos en los índices de mortalidad materna e infantil (indicadores de salud de una población) de los últimos años, en Venezuela, tendríamos que comenzar por decir, que 25.000 embarazadas no reciben control prenatal y 7.500 se controlan tardíamente en el octavo y noveno mes de embarazo, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijos ⁹ . La mortalidad infantil y materna en Venezuela subió en los últimos años, las cifras son preocupantes; el boletín epidemiológico número 52 del año 2016, publicado por el Ministerio para el Poder Popular para la Salud (MPPS) ¹¹ , muestra que el número de muertes en mujeres embarazadas creció 65,79% en 2016 (756 muertes), cifra superior a la del 2015, cuando se registraron 456 muertes. La tasa de mortalidad materna para el año 2016 fue de 120 muertes por 100.000 nacidos vivos registrados. En el año 2015 fallecieron 8.812 niños menores de un año, cifra que incrementó en un 30,12% para año 2017, con 11.466 niños fallecidos.

Con respecto al repunte de enfermedades reemergentes, no existen cifras oficiales en los últimos años. Sin embargo, según datos reportados por algunas ONGs ¹² , ¹³ , el año pasado en Venezuela se reportó 1 millón de casos de paludismo, siendo el único país de América con más de 100.000 casos al año, comparándose con los países Africanos. La OMS advirtió su preocupación por el repunte de casos de esta enfermedad, pasando de 136.000 afectados en el 2015, a 406.289 durante el 2017, año en el que se produjo el último registro oficial.

Los planes de vacunación en un alto porcentaje de la población no se han cumplido, lo que hace que enfermedades erradicadas en Venezuela hace más de 20 años, como difteria y sarampión estén en primera fila en pleno siglo XXI. Hasta el año 2018 se habían reportado 3.000 casos sospechosos de difteria; de estos, 1.612 han sido confirmados hasta la fecha, 128 por análisis de laboratorio y 1.484 por criterio clínico o nexo epidemiológico, con un registro de 150 muertes. En el último reporte epidemiológico, equivalente a la semana número 8 (24 febrero 2019), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabilizó 164 casos y confirmó 10 muertes. Entre 2016 y 2019, esta enfermedad ha cobrado la vida de 280 personas. La OPS alerta que la tasa de letalidad de los casos confirmados aumentó, pasando de 20% en 2018 a 26% para el 2019. La epidemia sigue activa, incluso nueve meses después de que la directora de la OPS, visitara Venezuela y pidiera al Estado “acciones urgentes” para responder a enfermedades reemergentes y prevenibles por vacuna ¹⁴ , ¹⁵ .

Con respecto al sarampión, según datos de la OPS, desde julio de 2017 hasta marzo de 2019, los países de las Américas que han reportado casos de esta enfermedad son: Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica y Bahamas. En el resumen de este reporte, Venezuela ocupa el segundo lugar con 6.242 casos que representa el 35,74% (508 casos en poblaciones indígenas ubicadas en los estados Delta Amacuro, Amazonas, Monagas y Zulia) y 76 defunciones por el virus de las cuales 62 ocurrieron en poblaciones indígenas de los estados Delta Amacuro y Amazonas. A principios de abril del 2019, fue lanzado el Plan Nacional de Vacunación, un esfuerzo en conjunto de la OPS y el MPPS, con el fin de detener la aparición del sarampión y la difteria; sin embargo, aún hay un gran déficit de distribución de las vacunas en los diferentes distritos sanitarios de la ciudad capital y sin hablar del resto del país ¹⁶ .

Los planes en control de enfermedades crónicas han mermado, según el reporte de la ONUSIDA para el año 2016 ¹⁷ , 120.000 venezolanos eran sero positivos, Venezuela ocupa el tercer lugar de nuevos casos de VIH-SIDA en Latinoamérica; el 45% se encuentran en riesgo de morbi-mortalidad por dificultades para conseguir tratamiento, la escasez de los medicamentos retrovirales se estima en un 90% lo que sentencia a muerte a más de 70.000 personas, una problemática que arrastra la nación desde el año 2012. Además, el programa VIH-SIDA a nivel nacional, actualmente no está realizando pruebas de carga viral, ni contaje de CD4-CD8, ni las pruebas serológicas para despistaje, inclusive en los donantes de los bancos de sangre, lo que dificulta tener unas cifras claras de la incidencia de la enfermedad en la población general. Cerca del 10% de los venezolanos con VIH han abandonado el país en los últimos años, empujados por la grave crisis política y económica. Según lo informado por el Ministerio de Salud de Colombia, sobre las atenciones a refugiados y migrantes venezolanos, se han generado 2.395 atenciones relacionadas con VIH-SIDA entre marzo de 2017 y octubre de 2018. En el caso de Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que hasta agosto de 2018 había 1.022 venezolanos con VIH-SIDA ¹⁸ , ¹⁹ , ²⁰ , ²¹ .

La tuberculosis (TBC) en Venezuela ha aumento progresivamente en los últimos años, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. En el informe del año 2017 ²² , ²³ , la OMS registró un total de 10.952 casos de tuberculosis en Venezuela, lo que representó un aumento de 2.400 casos en comparación con el año anterior, cuando se registraron 8.542 casos. Estas son las cifras más altas registradas en Venezuela durante los últimos 40 años, lo que demuestra un colapso del sistema de salud. En el estado Falcón, la ONG Salud Colectiva ²⁴ reporta en el primer trimestre del 2019, 44 casos confirmados de TBC. Como bien lo menciona el exministro de salud, José Félix Oletta, en su artículo publicado en “The New York Times” (2018) ²⁵ , “si hay alguna enfermedad que es indicador de la pobreza, «esa es la tuberculosis»”

A mediados de 2018 se inició “El Plan Maestro”, que nace como estrategia elaborada por el MPPS, la OPS, la ONUSIDA y la sociedad civil, que coordina el apoyo de la cooperación técnica internacional para atender las epidemias de VIH, malaria y tuberculosis en Venezuela durante los próximos tres años. Veintiocho millones de dólares es la cifra que necesita el Gobierno venezolano para comprar medicamentos y activar el Plan Maestro, el cual busca dar respuesta a la crisis de estas enfermedades en el país. Hasta la fecha, el Estado apenas cuenta con 5 millones de dólares, monto que desembolsó el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-SIDA, Tuberculosis y Malaria a mediados del 2018 ¹⁸

El déficit de medicamentos para los pacientes con cáncer ha llevado a un alza de los casos en fase terminal, de un 38% para el 2010 aumentó a un 65% en el 2017. Si a esto le sumamos el número de pacientes con enfermedades crónicas donde incluimos la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades neurológicas degenerativas, la insuficiencia renal crónica, entre otras, suman aproximadamente 3.870.000 pacientes, de los cuales solo el 50% tienen acceso al tratamiento, por lo que se puede inferir que la población venezolano está en alto riesgo de morir.

De acuerdo a los reportes de migración, 55% de los hogares de Venezuela tiene por lo menos un miembro que ha migrado. Según las declaraciones de la embajadora de ACNUR, hasta este año se dictamina que 3.400.000 de venezolanos han migrado o están refugiados en algún lugar del planeta, de los cuales, 2.700.000 están en la América latina y el Caribe; de estos, se estima que más de 390.000 solicitudes de asilo se han realizado en diferentes partes del mundo entre 2014-2018, mientras, 2.310.000 viven bajo otras formas de estadías legales ²⁶ .

En el área de la salud, la migración es devastadora; de los 66.138 médicos venezolanos que se encontraban trabajando en el país para el año 2014, la Federación Médica Venezolana (FMV) advierte que al menos un 33% (22.500 médicos) habrían migrado. El informe de la OMS agrega que la migración de médicos ha afectado predominantemente a algunas especialidades específicas, las cuales están estrechamente relacionadas con las áreas de emergencias, como neonatología, anestesiología, cuidados intensivos y atención de urgencias. Pero no solo los médicos han dejado el vacío en el sistema de salud, se calcula que más de 6.000 bioanalistas y técnicos de laboratorio se han ido del país, mientras que el Colegio Nacional de Profesionales de Enfermería de Venezuela estima que entre 3.000 y 5.000 enfermeros también han migrado ²⁷ .

La realidad de Venezuela es sombría, llena de desalojo, enfermedad y desnutrición, elementos claves en el concepto de la Emergencia humanitaria compleja, ruptura total en las políticas de estado para el bienestar social, económico y de salud del colectivo a nivel nacional. Parece un dejavú que nos deja inmersos en las tétricas páginas de la clásica novela de Miguel Otero Silva y nos lleva a la barbarie de la dictadura Gomecista.