En las distintas etapas del ciclo productivo se realizan fumigaciones con plaguicidas agrícolas, entre los que se incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas. Los plaguicidas pueden ser aplicados con maquinaria del establecimiento agropecuario o mediante la contratación de empresas especializadas en la prestación de servicios agropecuarios (también conocidas como “contratistas”). Se puede utilizar maquinaria de aplicación terrestre (principalmente equipos autopropulsados denominados popularmente “mosquitos”, por su aspecto) o aérea (avionetas agrícolas o aeroaplicadores).

A partir de informantes calificados, se identificaron tres empresas principales prestadoras de servicios agropecuarios terrestres y dos empresas aeroaplicadoras en la zona de estudio. Asimismo, se identificó que productores agropecuarios que adquirieron maquinaria de gran porte en los últimos diez años, además de usarla en sus predios, prestaban servicios a terceros. Esta información cualitativa resulta congruente con la información cuantitativa proveniente del censo nacional agropecuario.

Según Mondelli (2014), entre los dos últimos censos agropecuarios (2000 y 2011) la contratación de servicios agropecuarios de fumigación por parte de empresas agropecuarias en el país se multiplicó por tres y se constató un aumento en el número de explotaciones agropecuarias que declaran servicios agropecuarios como la principal fuente de ingreso, lo que evidencia el crecimiento y la especialización productiva en estas tareas. En Soriano, 1.452 explotaciones contrataron estos servicios (758 productores agropecuarios y 892 empresas no agropecuarias) y 201 explotaciones los vendían (MGAP, 2014).

Durante el trabajo de fumigación se distinguen dos roles fundamentales: el que ejercen quienes realizan la fumigación y operan la maquinaria y el de los que asisten dicho trabajo. Entre los que trabajan con maquinaria terrestre, se distingue entre quienes operan las máquinas fumigadoras, popularmente conocidos como “mosquiteros”, y quienes realizan tareas de apoyo, que se conocen como “aguateros”. Esto coincide con lo descrito por Heinzen y Rodríguez (2016) para Young, en el departamento de Río Negro. Entre quienes realizan aplicaciones aéreas se distingue entre pilotos y trabajadores de apoyo en piso, que realizan un trabajo similar al del “aguatero”. Los “aguateros” tienen como principal tarea la preparación y mezcla de los plaguicidas que serán aplicados, ayudar a cargar el “mosquito” con la mezcla, procurar el agua necesaria para su preparación y realizar el triple lavado de los recipientes vacíos que serán desechados. El trabajo de piloto es altamente especializado y está sujeto a normas y controles específicos de la aeronáutica.

Si bien los distintos cultivos agrícolas requieren “aplicaciones”, el cultivo de soja es reconocido por los trabajadores como el más intensivo en número de aplicaciones y como el que requiere productos que son percibidos como más “bravos” o “fuertes”, tanto respecto de otros cultivos que se realizaban “antes de la soja” (como el girasol o el lino) como de otros cultivos que se producen además de la soja (como el trigo en invierno o el maíz en verano). Asimismo, se encontró acuerdo en que la época del año más intensa en fumigaciones es el verano (diciembre a marzo en Uruguay), cuando “la soja” requiere de “más curas” y, además, hace más calor. Esto es congruente con las descripciones del ciclo productivo (Narbondo y Oyhantçabal, 2011; Galeano, 2017) y con antecedentes toxicológicos nacionales que registran que el mayor número de intoxicaciones por exposición laboral a plaguicidas agrícolas se dan durante los meses cálidos (Taran, et al., 2018).

A partir del estudio etnográfico realizado, se puede afirmar que las personas que trabajan directamente en la aplicación de plaguicidas agrícolas son casi exclusivamente hombres ⁴ asalariados o pequeños capitalistas de empresas que prestan servicios agropecuarios. Los productores agropecuarios señalaron preferir contratar las fumigaciones o dejarle ese trabajo a un empleado porque “no les gusta andar con venenos”. Además, se encontró que existe una tendencia a la especialización de algunos trabajadores en las tareas de fumigación, contratados ya sea por empresas prestadoras de servicios agropecuarios o por establecimientos agropecuarios con maquinaria propia para realizarlas.

En cuanto al perfil sociodemográfico, el rango de edad de los trabajadores activos en el rubro considerados en este estudio fue de los 20 a los 48 años. La mayoría residía en ciudades y centros poblados y se trasladaba al lugar de trabajo diariamente por sus propios medios o por locomoción proporcionada por la empresa. Exceptuando a los pilotos, el nivel educativo era de primaria completa o educación media incompleta. Esto coincide con los hallazgos de Figueredo (2012) sobre trabajadores de empresas prestadoras de servicios agropecuarios en Dolores y Durazno y con los estudios de salud laboral entre trabajadores de monocultivos en la zona de Young (Abbate, et al., 2017; Heinzen y Rodríguez 2015, 2016).

A partir de la observación y el análisis del proceso de trabajo descrito por los trabajadores, se identificó una serie de elementos vinculados a los sistemas sociotécnicos que inciden en que, aun entre los trabajadores que manipulan directamente plaguicidas agrícolas, haya algunos que estén expuestos por más tiempo y de manera más directa a los plaguicidas que otros. Las formas y la intensidad de exposición varían de acuerdo con la posición del trabajador en el proceso productivo, especialmente en relación con el tipo de tarea realizada, el prestigio asociado a ella, el tipo de empresa para la que trabaja y la forma de pago de salario. Esto ha sido conceptualizado como una vulnerabilidad diferencial a la interna del conjunto de trabajadores tanto a la exposición a plaguicidas como a sus potenciales daños, siendo los aguateros los que están en la base de la pirámide (Evia, 2019). Si bien la normativa existente respecto a seguridad laboral, social y ambiental incide formalmente en cómo se realizan las aplicaciones, en los contextos de exposición y en las garantías con las que cuenta el trabajador en caso de siniestros laborales, su existencia no es garantía de aplicación si esta no se controla de forma adecuada (Evia, 2019).

Si bien no existe un registro único de trabajadores que preparan y aplican plaguicidas en el país, es posible aproximarse a una estimación de esta población a partir de diferentes fuentes. El censo agropecuario recaba información directamente sobre las explotaciones (son los productores los que declaran la mano de obra contratada) y releva de manera diferente el empleo permanente y el zafral (Ackermann y Cortelezzi, 2018). El último censo registra un total de 8.266 trabajadores agropecuarios permanentes en el sector de “cereales y oleaginosas (sin incluir arroz)” ⁵ y un equivalente a 1.300 trabajadores zafrales o temporarios, así como 1.069 trabajadores permanentes, en el rubro de servicios agropecuarios a nivel país (MGAP, 2014). Por su metodología de medición, el censo incluye tanto a trabajadores asalariados como a trabajadores autónomos (por ejemplo, productores, socios o trabajadores familiares) (Ackermann y Cortelezzi, 2018) y no considera a las empresas que prestan servicios agropecuarios, por lo que presenta un subregistro del empleo en este sector (Mondelli, 2014). Por otra parte, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA) estima que las empresas que la integran dan empleo a 3.500 personas en todo el país (CUSA, 2016).

Con base en las Encuestas Continuas de Hogares, Ackermann y Cortelezzi (2018, p. 493) estiman que el sector agropecuario requirió un promedio de 152.809 puestos de trabajo anuales para el período 2013-2016 (de los cuales 84.151 fueron asalariados, 62.597 patrones y cuentapropistas y 6.061 familiares no remunerados). De estos, 7.333 correspondió a la actividad de “cultivo de soja y otros cereales” (4.855 asalariados, 2.295 patrones y cuentapropistas y 183) y 8.987 a “servicios agrícolas” (5.073 asalariados, 3.837 patrones y cuentapropistas y 77 familiares no remunerados). De lo anterior se puede inferir que en el entorno de un 10,6% de los puestos de trabajo del sector agropecuario están vinculados al cultivo de soja y a los servicios agrícolas, ambas actividades que implican potencialmente el manejo de plaguicidas y vinculadas a la sojización. Obviamente, esto no considera otros rubros productivos que también implican el manejo de estas sustancias. Además, si tomamos en consideración el dato etnográfico de que las tareas de fumigación suelen ser delegadas a trabajadores asalariados, la población potencial se reduce a unos 9.928 puestos de trabajo anuales, lo que representan un 6,5% del total de empleo del sector.

Por otra parte, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP ofrece cursos de “Manejo seguro de productos fitosanitarios” en distintos rubros. Desde el año 2008 (DGSA, 2008), se exige que las empresas aplicadoras de productos fitosanitarios en agricultura acrediten que el personal afectado a tareas de manejo y aplicación haya realizado cursos de capacitación y cuente con una credencial o “carné de aplicador” (comunicación personal DGSA-MGAP, 22 de enero de 2018). Los cursos de “Manejo de productos fitosanitarios en la agricultura” son realizados desde 2006 y en la DGSA se estima que han tenido 700 asistentes por año, principalmente hombres (comunicación personal DGSA-MGAP, 22 de enero de 2018). Si bien el número total de carnés emitidos no fue facilitado, es posible inferir que al menos 7.000 ⁶ personas han sido habilitadas para la aplicación de plaguicidas en actividades agrícolas en el país entre 2006 y 2016.

Si se comparan las cifras de los puestos de trabajo estimados en el sector con los datos sobre los cursos de capacitación del MGAP se evidencia la brecha entre los puestos de trabajo y el personal capacitado y habilitado. Esta situación también fue relevada a partir del trabajo cualitativo, donde a pesar de la obligatoriedad formal de la capacitación y habilitación con el “carné de aplicador” para la preparación y aplicación de plaguicidas, no todos los trabajadores la recibían oportunamente. Se relevaron casos de trabajadores que pasaron varios meses e incluso años preparando o aplicando plaguicidas antes de ir a algún curso o algunos que directamente no fueron nunca. Por otra parte, los trabajadores que habían participado de estas capacitaciones las valoraban de manera muy positiva y a su vez consideraban que era necesario que alcanzaran a más trabajadores y desde etapas tempranas en su inserción en el sector para ayudarlos a conocer más y prevenir los riesgos en la salud individual y colectiva.

Un primer hallazgo en relación con la pregunta sobre si la exposición a plaguicidas es considerada como una amenaza para los trabajadores involucrados tiene que ver con los sentidos que denotan las denominaciones que ellos le dan a estas sustancias. Se encontró que el término “plaguicida” no se usa cotidianamente entre los trabajadores. Para referirse a los plaguicidas de forma genérica se usan los términos “productos”, “productos químicos” o “agroquímicos”, en menos casos. El término “venenos” también resulta muy generalizado, sin embargo, su alcance no es homogéneo. Mientras que para algunos la palabra “venenos” incluye a los distintos tipos de plaguicidas, para otros se limita a los insecticidas. El uso del término “fitosanitarios” aparece limitado a ciertos usos técnicos, como por ejemplo entre ingenieros agrónomos, funcionarios estatales del MGAP o información presente en la etiqueta de los productos, pero tampoco es utilizado por los trabajadores en el día a día.

Otra forma de referirse a los plaguicidas es según su función (“matayuyo”, para “quemar campo” o “cura” para “la lagarta” o “la chinche”). El término “quemar” (el campo o las malezas) refiere a la función de los herbicidas de desecar plantas y los términos “cura” y “tratamiento” refieren a la aplicación de insecticidas y su función de eliminar los insectos considerados dañinos para los cultivos. El término “plaguicida” es utilizado en algunas ocasiones en un sentido restrictivo, como sinónimo de insecticida, por parte de trabajadores asalariados y también de ingenieros. Cuadro 1

Cuadro 1:

Fuente: Elaboración propia.

Se observó que el uso de los términos “veneno” y “tratamiento” o “cura” puede darse por una misma persona en distintos contextos enunciativos. Siguiendo a Widger (2014), esto puede ser interpretado como una representación ambivalente sobre las funciones y efectos de los plaguicidas, que son tanto necesarios para proteger y curar los cultivos como potencialmente tóxicos y hasta mortales.

Por otra parte, se encontró que ciertos productos son especialmente identificados como “fuertes” o “bravos”, de lo que implícitamente se desprende que otros no lo son. Cuando se preguntó sobre qué productos eran clasificados como “bravos/fuertes”, cuáles no y por qué, las respuestas solían ser con base en ejemplos de productos concretos. Estos podían ser referidos según su función, según sus nombres comerciales o según sus principios activos. Aunque se recordaba más la función del producto usado que su principio activo o su nombre comercial, algunos de estos fueron mencionados también (ver Cuadro 2).

Se propone que la categorización como “fuertes/bravos” o “no fuertes” denota una clasificación popular de peligrosidad de los plaguicidas, mediante la cual algunas sustancias son identificadas como más amenazantes que otras para la salud ambiental individual y colectiva por parte de los trabajadores.

Cuadro 2:

Fuente: Elaboración propia con base en Taran, et al., 2018, y Modernel, 2016.

Asimismo, fue posible identificar que este sistema clasificatorio se estructura con base en criterios que corresponden a distintos tipos de saberes: a) “el olor” y los saberes sobre la experiencia corporal de la exposición; b) “curas y matayuyo”, saberes populares sobre la función del producto; y c) “la etiqueta del producto”, apropiaciones y resignificaciones de los saberes expertos. Esto nos remite a la segunda pregunta de investigación que orienta este trabajo, sobre el papel de los saberes populares y expertos en materia de plaguicidas en los criterios de causalidad, riesgo, vulnerabilidad y prevención adoptados ante los padecimientos que son percibidos como amenazas o no.

A continuación, se desarrollan los distintos criterios que estructuran la clasificación popular de los plaguicidas y se explica cómo se vinculan con la pregunta de investigación mencionada.

a) “El olor”, saberes sobre la experiencia corporal de la exposición

La “hediondez” de los productos, es decir, la intensidad de su olor, es relacionada con síntomas agudos experimentados en la exposición laboral cotidiana como “asco” al olor, dolor de cabeza, mareos, descompostura, entre otros. Por otra parte, los productos considerados “sin olor” son percibidos como menos peligrosos y, por ende, manejados con menos precauciones, tanto en lo que refiere a la exposición personal como a las posibles consecuencias sobre terceras personas y el ambiente. Por ejemplo,

“el glifosato en sí te digo que están diciendo en la tele que es uno de los más cancerosos y uno lo tiene como que es el más suave, ¿no? O sea… prácticamente no tiene olor, casi que… es herbicida.” (Trabajador agrícola).

Esto coincide con hallazgos reportados por Diez (2017) entre tabacaleros en Misiones, Argentina, quienes también desestimaban la potencial peligrosidad del glifosato por su “falta de olor”.

Por otra parte, la intensidad del olor y la temperatura ambiente, en especial en los meses cálidos, se asocia con la volatilidad de los productos. Los plaguicidas en estado gaseoso son considerados muy peligrosos, porque se considera que “el gas” ingresa al cuerpo mediante las vías respiratorias y que incluso puede “penetrar” los equipos de protección personal o la maquinaria, quemando el cuerpo o las vías respiratorias.

Asimismo, esto tiene su correlato en prácticas preventivas específicas adoptadas en relación con estos productos, como “buscar el viento” (posicionar el cuerpo o la maquinaria de forma tal que la dirección del viento no haga volar las gotas del producto hacia personas o lugares que se quiere proteger), intentar evitar “respirar el gas” mientras se prepara el producto, se aplica o se transita por un lugar que está siendo fumigando e incrementar la higiene de manos y cuerpo luego del trabajo con estos productos, entre otras prácticas.

La experiencia previa de exposición, los modos sensoriales de atención y el conocimiento corporal permiten identificar ciertos síntomas o malestares experimentados de manera aguda, que informan a los trabajadores sobre la potencial peligrosidad de los productos y medidas preventivas a adoptar ante ellos. Esto coincide con resultados en población femenina para la misma región de estudio (Gamlin, 2013, 2016; Evia, 2018) de América Latina.

b) “Curas y matayuyo”, saberes sobre la función del producto

Como también deja entrever el testimonio sobre el glifosato en el apartado anterior, se encontró un acuerdo generalizado en la consideración de los insecticidas como más peligrosos que los herbicidas. La explicación para esto es que los primeros están diseñados para matar insectos, en oposición a los herbicidas que solo son para “quemar pasto”, lo cual coincide con otros estudios para América Latina en los que también se encontró que los insecticidas son considerados más peligrosos que los herbicidas, vinculado esto con concepciones ontológicas que acercan a los humanos más a los insectos que a las plantas (Gamlin, 2013; Diez, 2017). En el caso de la sojización uruguaya, se consideran particularmente peligrosos los insecticidas utilizados en las “curas de la soja”, en particular los “productos para la chinche”. ⁷ El producto más reconocido como “bravo” fue el Lorsban o Clorpirifos. El uso de equipos de prevención personal -escaso y selectivo-, como guantes, trajes o mascarillas faciales, suele ser reconocido por parte de los trabajadores como más necesario durante la preparación de este tipo de productos, aunque el momento del ciclo productivo en que son utilizados (los meses más cálidos del verano) conspira para ello.

En cuanto a los herbicidas, para la gran mayoría de los trabajadores el glifosato es un producto inocuo, que “no afecta” a animales ni a personas porque “no tiene olor” (como se desarrolló en el apartado anterior). Se comparte en general la idea de que ahora se “exagera con el glifosato”. Respecto a otros herbicidas, si bien en términos generales son considerados menos peligrosos que los insecticidas, se identifican dos excepciones de productos considerados como “bravos”: la “Amina” y el Gramoxone o Paraquat (a ambos se les atribuye un olor muy intenso, que puede llegar a asquear, y la generación de dolores de cabeza y malestares digestivos, entre otros).

Por último, los fertilizantes líquidos ⁸ fueron mencionados en varias ocasiones como productos fuertes y peligrosos, lo cual se vincula con su efecto corrosivo.

c) “La etiqueta del producto”: apropiaciones y resignificaciones de los saberes expertos

En Uruguay la etiqueta de los plaguicidas constituye un documento legal, donde se incluye, entre otra información, la clasificación de toxicidad aguda de la OMS. Además de la categoría toxicológica, la etiqueta muestra señales de advertencia y bandas de colores: la banda roja se utiliza para las categorías Ia y Ib, la amarilla para la II, la verde para la III y la azul para la U. Se encontró que los trabajadores incluyen dentro de los criterios de peligrosidad algunos de estos elementos, mientras otros son reapropiados de maneras contraintuitivas.

Por ejemplo, se reconoce que los productos “rojos” son “los peores”, y luego les siguen los “amarillos”, pero no está clara la diferencia entre los colores azul y verde. Ambos son considerados como “no peligrosos”. A su vez, la escala numérica de la clasificación de toxicidad aguda de la OMS y las denominaciones de cada categoría resultan contraintuitivas para los trabajadores, lo que genera confusiones sobre que el número más alto corresponde a un mayor grado de peligrosidad. Por último, alguna información sobre ecotoxicidad de los productos que se incluye en las etiquetas es leída e incorporada como otro criterio a considerar, en especial respecto a los productos dañinos para animales (por ejemplo ranas o abejas).

En el Cuadro 3 se sintetizan los diferentes criterios y tipos de saberes que se ponen en juego de manera dinámica y complementaria en la clasificación popular de cada producto en particular como “bravo”/“fuerte” o como “no peligroso”.

Cuadro 3:

Fuente: Elaboración propia.

Como se ejemplificó en relación con cada uno de los criterios, la clasificación popular sobre la peligrosidad se relaciona directamente con los saberes populares preventivos. Los productos más “bravos” merecen “más cuidados”. Por motivos de espacio, no es posible desarrollar aquí con detalle los distintos saberes y prácticas preventivos encontrados en Evia (2019).

Por último, se hallaron saberes populares específicos respecto a los potenciales efectos nocivos que puede tener la exposición laboral crónica y acumulativa a plaguicidas “bravos”. Estos saberes se condensan en padecimientos identificados desde la epidemiología sociocultural, como el “estar intoxicado” o el “ataque de huesos” (Evia, 2019), que son atribuidos desde los saberes populares a “trabajar por mucho tiempo con los venenos”, pero no cuentan, necesariamente, con un correlato en los diagnósticos biomédicos. Como ha sido estudiado para otros problemas de exposición ambiental a sustancias químicas tóxicas, este campo se caracteriza por la ambigüedad, las brechas de conocimiento (tanto de la ciencia existente sobre el tema como sobre su regulación) y el desafío de la atribución (Little, 2012, 2016; Ottinger, 2013; Singer, 2016).