Introducción

Desde el período post colonial, las regiones fronterizas compartidas entre Colombia y Venezuela, han representado espacios de interacción social, económica y cultural, con un largo periplo de encuentros y discrepancias entre dos sociedades con similitudes ancestrales.

Tanto el estado Táchira (Venezuela) como el Departamento Norte de Santander (Colombia) comparten además de un límite geográfico, historias y vivencias que han delineado la vida de sus ciudadanos, transfigurando gran parte de sus actividades tal como lo destaca Muñoz (2009) al señalar que durante gran parte del siglo XIX las regiones de frontera se unían básicamente a través de una estructura social y comunicacional al mismo tiempo que se mantenían aisladas geográfica y económicamente del resto de Venezuela y Colombia, lo que provocó un fuerte acercamiento y vinculación entre Táchira y el Norte de Santander. Desde otrora, ambas regiones se han vinculado estrechamente debido a su proximidad geográfica, a la facilidad para cruzar el límite internacional debido a que no hay obstáculos naturales importantes, y a la necesidad de satisfacer insufluciencias de bienes o servicios que los gobiernos centrales no logran compensar oportunamente.

La reducción del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela tras la salida de este último de la Comunidad Andina (CAN) en 2006, tal como lo destaca Preusse (2007), ha repercutido en detrimento de las condiciones económicas y sociales de los habitantes de la frontera; acrecentado los niveles de conflictividad social y la evolución de otros fenómenos sociales negativos.

El contrabando, como expresión de la conflictividad que se muestra en la frontera Táchira-Norte de Santander, ha representado durante décadas, parte de las costumbres de sus pobladores ante la carencia de oportunidades en su lado del límite. Pero en los últimos años el mismo ha sido asumido por grupos violentos, que han vislumbrado en el contrabando y otras actividades criminales la oportunidad de percibir grandes ingresos ya que los Estados colombiano y venezolano tienen un marcado déficit de presencia en los espacios fronterizos. A este respecto, Muñoz (1985) relata que desde la época post colonial, los tachirenses, así como también los colombianos, evadían las regulaciones federales sobre importaciones a través del contrabando en gran escala; actividad económica muy importante en la zona fronteriza. Los artículos colombianos constantemente eran introducidos ilegalmente, pero el contrabando más lucrativo consistía en productos europeos y norteamericanos que había pasado a través de la Aduana de Maracaibo en tránsito, con una declaración para consumo en Colombia.

Asimismo, Muñoz (2005) describe como el contrabando en la frontera Táchira-Norte de Santander perfiló la vida de muchos de los habitantes de la frontera debido a las condiciones económicas, sociales y políticas de finales del siglo XIX al señalar que:

Aun cuando el Ministro de Hacienda fue informado en 1881 que las pérdidas que sufría el tesoro venezolano debido al comercio del contrabando eran “incalculables”, no se introdujeron reformas, sino que el contrabando aumento dramáticamente a medida que el siglo llegaba a su final. Admitiendo su incapacidad para controlar este tráfico ilegal, los funcionarios de la Aduana de San Antonio hicieron la siguiente observación sobre los tachirenses en 1888: “el comercio ilegal es un hábito tan metido en esta gente que los contrabandistas son considerados y estimados tanto como los individuos trabajadores honestos y dignos de la simpatía pública, en caso de que algunos de ellos caiga en mano de la Ley” (p. 36).

1. Décadas de conflictividad social en la frontera Táchira-Norte de Santander

En la frontera compartida entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander se ha configurado una identidad urbana propia, con flujos y redes en las cuales se van construyendo y reconstruyendo espacios de convivencia. Este territorio ha servido para el asentamiento de una sociedad que a lo largo del tiempo ha cimentado principios y costumbres que la identifican y diferencian de otras sociedades regionales.

Al respecto, Valero (2008) señala que el eje que conforman las ciudades de San Cristóbal (Venezuela) y Cúcuta (Colombia) es un área geográfica en la cual se han acentuado las relaciones fronterizas y en donde el comercio y la movilidad laboral han sido factores claves a lo largo de décadas de vinculación entre ambos territorios.

En el marco de estas interacciones e intercambios comerciales surgen relaciones sociales propias de cualquier colectividad, con normas y principios que regulan el comportamiento de sus ciudadanos y que permiten establecer vínculos familiares, laborales, profesionales y de amistad; que en la frontera adquieren particularidades y singularidades debido a los complicados escenarios que allí se viven. En este sentido Dilla (2008) subraya que en las fronteras se presentan construcciones sociales basadas en escenarios contradictorios, debido a la prevalencia de asimetrías y diferentes modalidades de intercambio desigual que pueden generar fuertes tensiones políticas y culturales tanto nacionalmente como en la frontera misma.

Como consecuencia, en sociedades fronterizas también se manifiestan conflictos sociales que son reflejo de relaciones antagónicas o de poder, en un contexto disímil con falencias sociales y económicas.

Al respecto, Sills (1974) define conflicto social como:

La lucha en torno a valores o pretensiones a estatus, poder y recursos escasos, en la cual los objetivos de los participantes no son solo obtener los valores deseados, sino también, neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales; puede desarrollarse entre individuos, entre colectividades o entre individuos y colectividades (p. 123).

Este conflicto social, tanto entre los subgrupos como dentro de los grupos sociales, es una característica permanente en la vida y son un elemento significativo en la interacción de cualquier sociedad. Por otra parte, el conflicto social lejos de constituir un factor negativo, que separa, puede contribuir a mantener a los grupos y consolidar las relaciones interpersonales.

Asimismo, el conflicto social se presenta como un proceso de segregación, tal como lo subrayan Alfaro y Cruz (2010), que perturba la funcionalidad del sistema social; ya que introduce incertidumbre y genera problemas de integración social y comunitaria; y por lo tanto, afecta el estatus y los roles asumidos por los diferentes agentes sociales. Este conflicto social tendrá mayor incidencia en aquellas sociedades débilmente integradas y cohesionadas.

Otro argumento es el presentado por Pegoraro (2013) quien destaca que las cuestiones sociales, hoy reconocidas por su complejidad y dimensiones, son objeto de interpretaciones y cuestionamientos, y que a pesar del avance en lo social, el mundo sigue viviendo graves problemas de ciudadanía y de derechos humanos con el aumento de la violencia y la delincuencia.

Durante décadas, en la mayor parte de la frontera entre Colombia y Venezuela predomina la visión que la representa como un espacio de separación entre ambas naciones. La frontera de Táchira – Norte de Santander también ha formado parte de las políticas nacionales de frontera que privilegian la separación. Más sin embargo, ha tendido a predominar la práctica de conocerla como un punto de integración binacional y fronteriza. La concepción de la frontera como espacio de integración y desarrollo ha estado ausente en las políticas nacionales de los gobiernos en Venezuela y por ello las políticas gubernamentales han desaprovechado las potencialidades que refieren las regiones involucradas en la frontera. Este abandono ha traído consigo el incremento de la desigualdad, pobreza y desempleo y por ende, la radicación de tensiones sociales que han potenciado la violencia y delincuencia en la región.

Tal como lo afirma Niño (2003), a finales del siglo XIX, la frontera de Venezuela con Colombia seguía siendo aquel territorio abandonado y descuidado de la época colonial, con escazas vías de comunicación hacia el centro del país y por lo tanto carentes de los recursos y mercancías que su patria natal les debería proporcionar. Esta realidad los llevó a implementar medidas que fueron más allá de la simple compra de víveres y productos en la vecina Colombia y el contrabando como forma de vida tomó riendas en la vida de ciudadanos que vislumbraron una forma de trabajo ante la ausencia de medidas de control y la carencia de productos para satisfacer las necesidades de la región.

De igual manera, Ávila (2012) sostiene que en las zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela históricamente ha existido el contrabando en ambos lados del límite, pero que en la actualidad, el contrabando de combustible y víveres más que un fenómeno descentralizado llevado a cabo por la habitantes de la zona, es ahora administrado por estructuras criminales, acrecentando los conflictos sociales que persisten en la región.

Desde la salida de Venezuela de la CAN en 2006, el intercambio comercial formal entre Colombia y Venezuela comenzó a disminuir; provocando una reducción considerable del intercambio comercial entre ambas naciones. Tal disminución ha afectado a las poblaciones fronterizas, en especial las instaladas en el eje San Cristóbal-Cúcuta, debido al alto porcentaje de mercancía y comercios que transitaban por esta área. En efecto, el boletín de Police Paper (2006) expresa que la salida de Venezuela de la CAN, “podría producir un retroceso en la integración interindustrial que genera empleos de calidad en ambos lados, en las inversiones cruzadas y en las alianzas estratégicas indispensables para insertarse en el mundo de hoy” (p. 5).

La merma del intercambio comercial también trajo consigo el incremento de los problemas sociales en la región. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE, ) de Venezuela, con base al censo poblacional de 2011, los municipios presentan un alto porcentaje de hogares con insuficiencia de recursos económicos para cubrir la canasta básica alimentaria o alguno de los cuatro factores restantes en la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y por lo tanto, estas familias están más propensas a la marginalidad y expuestas a los embates de la inseguridad ciudadana (ver Cuadro No. 1).

Preocupantes estas cifras, si se comparan con el promedio de distribución de ingresos del Estado Táchira. Algunos de los resultados del cuadro 1 merecen una explicación adicional. Lobatera y Rafael Urdaneta son dos pequeñas localidades donde predomina la población adulta que han venido perdiendo población joven y donde la oferta escolar es muy buena comparativamente. Adicionalmente, en Rafael Urdaneta la fuente de ingreso principal es la agricultura y las viviendas son rurales y precarias de por sí. En cuanto a Lobatera predominan los niños y adultos; mientras que los jóvenes se han trasladado a otros lugares del estado, país o extranjero desde donde envían remesas para sus padres e hijos. En ambos casos los conceptos de NBI tendrían que examinarse con información adicional.

Cuadro 1
Estado Táchira. Hogares pobres por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha según municipios fronterizos, censo 2011

INE (2015). Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas por Entidad Federal y Municipios. Disponible: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid

En cuanto a Colombia se refiere los datos son más contundentes para expresar los niveles de desempleo y pobreza. Así, el informe de la Misión para el Empalme de las Series Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) del año 2012 refleja:

El 1,4% de los habitantes de Cúcuta (Dpto. Norte de Santander) engrosaban las filas de los más pobres, aumentando las cifras de 32,2% (2008) a 33,6% (2009), es decir que cerca de 300.000 personas fueron tituladas como los nuevos pobres entre un año y otro. A esta realidad hay que sumarle que el 76% de la población económicamente activa no tenía las posibilidades de acceder a un empleo estable y digno (p.21).

Así mismo, los datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en cuanto a la distribución de la población ocupada informal y formal del Área Metropolitana de Cúcuta (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia) refleja cifras similares. Se muestra en dicho estudio que el 28,4% de la población activa está en el sector formal y el 71,6% está en el sector informal; es decir, no cuentan con un trabajo que les garantice seguridad social ni estabilidad laboral.

Todo este contexto de pobreza, desigualdad y desempleo, genera frustración y pérdida de la confianza en las instituciones y el Estado; provocando el incremento de la conflictividad social en la frontera Táchira-Norte de Santander. La secuela de este escenario se observa en el aumento de la violencia y la presencia de grupos violentos que aprovechan las debilidades institucionales en la región para maximizar los negocios ilícitos que ofrece una frontera porosa y frágil.

De acuerdo a datos aportados por Ávila (2012), en la frontera que comparten el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, desde 1998 al 2009 se produjo un descenso de hechos violentos en Norte de Santander, pero hubo una escalada en el estado Táchira. Según el autor esto se debe a la presencia de bandas armadas compuestas por delincuencia común, paramilitares desmovilizados y guerrilleros; los cuales buscan el control de las actividades delictivas que se realizan en la zona y de los corredores para contrabando y tráfico de drogas.

En consecuencia, la frontera Táchira-Norte de Santander muestra un contexto saturado de problemas que lejos de satisfacer a los ciudadanos de la región, incentiva la frágil conflictividad social que allí se presenta. Al respecto, Morales (2012) resalta que la desigual repartición de los ingresos, el trajinar de las personas de un Estado a otro y la búsqueda por satisfacer las necesidades básicas desdibujan la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela y configuran un escenario propio de frontera, donde las diferentes relaciones económicas y sociales suponen también un gran foco de conflictos.

Así mismo, la conflictividad social que vive la frontera no solo puede medirse en las prácticas y tradiciones enraizadas en las sociedades de frontera, las cuales de acuerdo a Dorfman (2015), están ancladas en una territorialidad anterior a la llegada del estado- nación que se instala en el recortar, cauterizar y violar el territorio. Se concluye comúnmente, que a pesar de la ley del estado, las prácticas resisten y son tradiciones plenamente legitimadas; lo que presupone que en la frontera coexisten sociedades diferenciadas con prácticas y tradiciones particulares.

Asimismo, las realidades adversas que enfrentan estas sociedades aseguran su supervivencia a través de estrategias alejadas de la legalidad y las conductas éticas propias de la ciudadanía; que según Dorfman (2015) “cuando tantas personas necesitan empleo, y en falta de buenas alternativas, una de las posibilidades es el contrabando: es un trabajo como otro cualquiera, dentro de aquel ambiente, y no es el peor” (p. 35).

Es por ello, que ante un escenario de problemas sociales y de conflictividad social latente en la frontera Táchira-Norte de Santander el contrabando se convierte en una opción que reviste consecuencias legales, pero que posibilita la vida ante la ausencia de oportunidades y la frágil presencia del Estado

2. El cierre unilateral como medida para reducir el contrabando

El contrabando ha sido una práctica recurrente en todas las fronteras, más aún en aquellas con asimetrías económicas y condiciones sociales que inducen a esta práctica delictiva. Tal como lo señala Perales (2008) el contrabando existe hoy y ha existido siempre; lo que ha cambiado son las formas que el contrabando adquiere a lo largo del tiempo. Es decir, el modo en que éste se realiza, las mercancías objeto de contrabando y el perfil de las personas que se han dedicado, o se dedican hoy, a esta actividad de economía sumergida

Las disputas y pugnas entre Colombia y Venezuela no son nuevas, pero si se observa que en los últimos años se han presentado hechos que indican que son más los desacuerdos que los encuentros que han signado unas relaciones cargadas de desconfianza y controversias. Una de las razones esgrimidas por Venezuela, se refiere al contrabando y posible complicidad de autoridades colombianas.

Luego de las controversias entre los gobiernos de Álvaro Uribe (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela) durante la década del 2000, con la llegada de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro al poder, 2010 y 2013 respectivamente, Colombia y Venezuela retomaron la senda del entendimiento y los acuerdos para recuperar los daños producidos en las relaciones bilaterales a raíz de la salida de Venezuela de la CAN en 2006.

Sin embargo, el 09 de agosto de 2014 se produce la primera discrepancia en las recientemente restauradas relaciones, a raíz del cierre nocturno de la frontera con Colombia, bajo la pretensión de disminuir el contrabando de combustibles y productos que salían hacia el vecino país. Este cierre es reseñado por Torres (2014) quien refiere que la medida adoptada a partir del 11 de agosto, generó una reducción en los niveles del contrabando, según datos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Colombia.

El 19 de agosto de 2015, se produce un hecho violento en el que fueron heridos 3 funcionarios militares en la población fronteriza de San Antonio del Táchira; hecho por el cual el gobierno venezolano ordena de forma unilateral, el cierre por un lapso de 72 horas de la frontera entre el estado Táchira (Venezuela) y el Departamento Norte de Santander (Colombia). Para el 21 de agosto, se decreta un Estado de Excepción por 60 días continuos, prorrogable por otros 60 días y el cierre indefinido de la frontera. A esta acción, siguió el cierre de la frontera en los Estado Zulia, Apure y Amazonas que limitan con Colombia.

Este cierre total se prolongó hasta el 13 de agosto de 2016, fecha en la cual se autorizó el paso peatonal por los pasos regulares entre ambas naciones. Durante este cierre, los puentes y pasos fronterizos que comunican Colombia y Venezuela se mantuvieron cerrados para el tránsito de vehículos y peatones y sólo se permitió el establecimiento de un corredor humanitario para casos especiales autorizados por el gobierno venezolano.

Dicha medida cerró los ya alicaídos intercambios comerciales por carretera entre ambos países, que habían comenzado a decrecer a raíz de la salida de Venezuela de la CAN. De acuerdo a cifras del INE (2015) se advierte una baja de 32% en el comercio entre ambos países para noviembre de 2015 publicadas en el informe de ODH Consultores. De igual forma, ODH Consultores indica que el incremento de los controles en la frontera colombo-venezolana agrega mayor riesgo al contrabando; lo que pudiese provocar un aumento en los precios de los bienes básicos. A tal efecto, los controles de precio que se mantienen en Venezuela y la fuerte devaluación de la moneda venezolana (Bolívar) frente al peso colombiano, generan serias distorsiones de precios en la frontera y hace que el contrabando siga siendo un negocio altamente rentable.

De acuerdo a investigación del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta (OECCC) de 2016, el contrabando ha sido por muchos años el punto de quiebre de la estructura económica y social; lo cual junto a la informalidad y el cierre de la frontera, han influido directamente en la lenta transformación de Cúcuta, más aun cuando no se vislumbra una apertura de los puentes que unen al Departamento Norte de Santander y Venezuela. El cierre de la frontera acrecentó la caída de las ventas durante 2016 y provocó un aumento del desempleo y la informalidad.

De igual manera para Rhenald (2016), el cierre de la frontera solo agudizó la crisis que viven los venezolanos, ya que la inflación continúo en ascenso, el desabastecimiento permanece y ahora acompañado de una falta de efectivo, crean condiciones desfavorables para los venezolanos. Estos aspectos contribuyen a acrecentar los problemas que viven la sociedad de la frontera entre Colombia y Venezuela y potencian las actividades ilegales.

Los señalamientos del gobierno venezolano indican un éxito en la medida del cierre de la frontera con Colombia. Pero sin presentar oficialmente referentes o datos que permitan evaluar los resultados positivos que publicitan las autoridades venezolanas. Sólo queda observar que el contrabando ha aumentado y toma nuevas formas y los niveles de violencia en la frontera no han disminuido, según aparece en las publicaciones

Conclusiones

Asumir la conflictividad social en la frontera como un descriptor que transfigura la vida en la región Táchira- Norte de Santander pasa sencillamente por examinar el contexto de pobreza, desigualdad, desempleo y violencia que refiere el eje fronterizo San Cristóbal-Cúcuta. A estos factores, se puede sumar el desabastecimiento y la inflación que acrecienta los niveles de contrabando.

Las relaciones sociales en esta región de frontera, a lo largo del tiempo, han estado signadas por la falta de incentivos institucionales que contribuyan a reducir los niveles de conflictividad social. Estos niveles de conflicto, lejos de ayudar a cohesionar a la sociedad de la frontera, están ampliando la desconfianza de sus pobladores e induciendo a muchos de los jóvenes en el contrabando o incorporación a grupos violentos; motivado esto a la falta de oportunidades que se visualizan en la frontera.

Desde la salida de Venezuela de la CAN en 2006, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha mermado considerablemente y por ende se ha reducido sustancialmente en la frontera Táchira-Norte de Santander. El efecto se ha sentido en el incremento de los problemas sociales y económicos expuestos en este artículo. De ser el principal paso terrestre del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela hasta el 2011, cuando vence el plazo para el retiro efectivo de la CAN, la frontera pasó a ser un escenario de paso peatonal por los puentes oficiales y una zona de contrabando controlado por las trochas o pasos ilegales. De acuerdo a Suárez y Zapata (2017), la percepción de afinidad entre la violencia generada por los grupos o bandas criminales y las autoridades, contribuyen al incremento del contrabando en la frontera Táchira- Norte de Santander, al respecto señalan que “un 50,79% de los encuestados afirmó estar muy de acuerdo con que la violencia que registra en la frontera responde a las relaciones de poder y al control de las zonas grises o también llamadas trochas” (p.120). Este señalamiento refiere la relación de corrupción entre las bandas criminales que controlan el contrabando en la región y los organismos de seguridad en cuya responsabilidad recae el control y seguridad de la frontera.

En cuanto a las cifras de informalidad, desempleo y pobreza, estas reflejan una problemática que debe ser considerada por ambos gobiernos, ya que sirven de base para el incremento del contrabando y la violencia. Si bien estas prácticas de contrabando están enraizadas en muchos de los ciudadanos de frontera, la confiictividad social que provoca este fenómeno no puede ser acometida solamente con acciones represivas sino también, acompañada con la creación de oportunidades laborables y condiciones sociales que permitan incidir en los principios y valores que durante décadas han definido la vida en la frontera.

Las desavenencias entre ambos gobiernos en cuanto a la frontera compartida, sumado a la actual crisis económica de Venezuela no presagian mejorar la conflictividad social que vive la región.

El cierre de la frontera de forma unilateral por parte de Venezuela con el pretexto de combatir el contrabando y garantizar la seguridad nacional y ciudadana, deterioró más las condiciones sociales y económicas en la región. Tras la reapertura peatonal en Agosto de 2016, aun las cifras oficiales por parte de Venezuela están en mora y han creado un clima de desconfianza sobre la medida y los resultados tanto en la población fronteriza como en el gobierno colombiano (referencia); la cual se exhibe en la poca voluntad de reasumir el rol que representaba la frontera Táchira-Norte de Santander antes de la salida de Venezuela de la CAN.

Referencias

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Notas de autor