A pesar de las barbaries posteriores, a la humanidad aún le horroriza lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial, no tanto por lo acontecido en el campo de batalla que ya de por sí es grave por la enorme cantidad de decesos, sino por la actuación y del régimen hitleriano con relación a los campos de concentración en donde se buscó exterminar a la población judía y a las brutales prácticas de experimentación “científica” en seres humanos.

La soberbia nazi fue más allá y estableció en un conjunto de leyes cómo debían darse las actuaciones de la población alemana para lograr la supremacía de la raza. Entre ese conjunto normativo destaca la Ley para la protección de la sangre alemana y del honor alemán de 1935 en donde se declara la obligatoriedad de mantener la pureza de la sangre para la cual se prohibieron los matrimonios entre judíos y personas de sangre alemana. Además, se declararon ilegales “las relaciones extra-maritales entre judíos y súbditos del Estado de sangre alemana o de sangre parentesco” (yadvashem.org, 1998).

Es por ello por lo que la ética y la bioética se han consolidado como pilares fundamentales para el respeto de la dignidad humana en la realización de investigaciones científicas. A lo largo de la historia, diversas circunstancias, incluyendo las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, han subrayado la necesidad de regular y garantizar el bienestar de los sujetos de estudio, brindándoles el trato decoroso que merecen.

En México, en las últimas décadas ha habido un gran avance en la regulación de estas materias, como respuesta a la creciente complejidad de las investigaciones en biomedicina y en todas las ciencias que realizan experimentación en seres vivos y, sobre todo, en seres humanos.

Este ensayo analiza el estado actual de la regulación para promover la ética y la bioética en la investigación científica en México, con un enfoque principal en la legislación mexicana vigente. Además, se consideran las normativas internacionales de referencia y su influencia sobre las prácticas nacionales, destacando las normativas vigentes, las instituciones clave y los desafíos presentes y futuros.

Como se mencionó, las indignantes prácticas de experimentación en personas realizadas por científicos nazis obligaron a la concreción de un marco legal para la actuación científica ética primordialmente cuando tiene implicaciones en seres vivos, sean o no humanos. Se han dado graves prácticas como el Experimento o Caso Tuskegee realizado en Estados Unidos durante 40 años (1932-1972) y en el que se utilizó a 600 personas afroamericanas para estudiar la sífilis sin respeto a la dignidad humana y sin que mediara responsabilidad por las consecuencias sufridas por los “sujetos” del experimento y la afectación a sus familias. Este hecho fue uno de los detonantes, entre una serie de casos que ponían de manifiesto los atropellos a la dignidad de los seres vivos, se creó el Consejo Nacional de Investigación en Humanos, los Consejos Institucionales de Revisión y la Oficina de Protección en la Investigación Humana (Stanford Libraries, 2024). En 1979 se dio a conocer el Informe Belmont donde se establecieron tres principios éticos básicos: respeto a las personas, beneficencia y justicia. Estos principios son el fundamento de un conjunto de requerimientos, a saber: consentimiento informado, valoración de beneficios y riesgos y selección de los sujetos de investigación.

En 1964, durante la Asamblea Médica Mundial se presentó el documento Principios Éticos para Investigaciones Médicas en Seres Humanos, conocida como la Declaración de Helsinki y en la que el principio 7 señala: “La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales” (Asociación Médica Mundial, 2024).

Ante los avances tecnológicos que actualmente se están aplicando a la medicina es necesario que se tengan leyes completas, claras y eficaces sobre la investigación científica para la salud humana, donde se enfatice el empleo riguroso de la bioética como parámetro de actuación de los científicos en aras de transparentar los procesos y técnicas que empleen para alcanzar resultados venturosos en sus proyectos de investigación.

Jorge Enrique Linares Salgado (Doctor en Filosofía por la UNAM, experto en ética y bioética) enfatiza la conexión de la bioética con todos los problemas que aquejan a la humanidad. “Por ejemplo, no tendría sentido discutir sobre la eutanasia si no existieran los medios tecnológicos para mantener a la gente con vida, conectada a un aparato. La gente se moría cuando se tenía que morir, y no había nada qué decidir” (Guerrero, 2024).

En 1992 se crea la Comisión Nacional de Bioética (en adelante CONBIOÉTICA), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea la disciplina. Como antecedente puede mencionarse el Grupo de Estudio de la Bioética establecido por el Consejo de Salubridad General en 1989. Este equipo estuvo a cargo del doctor Manuel Velasco Suárez.

El 23 de octubre de 2000 Ernesto Zedillo Ponce de León (Presidente de México 1994-2000) emite el Acuerdo presidencial por el que se crea con carácter permanente la Comisión Nacional de Bioética, considerando la transformación que se había dado en la relación médico y paciente, así como la necesidad de evidenciar los principios y valores que deben guiar la investigación en seres humanos “dado que la exploración de nuevos campos con una capacidad tecnológica cada vez mayor debe acotarse a lo que es éticamente procedente” (DOF, 2000). El Acuerdo está integrado por cinco artículos y en ellos se destaca la composición de la Comisión con el Secretario de Salud como presidente, así como los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Secretario del Consejo de Salubridad General y dos representantes de la Secretaría de Salud. El presidente de la Comisión tenía la facultad discrecional de invitar a miembros de la comunidad científica y agrupaciones de la sociedad civil, al igual que al Rector la Universidad Nacional Autónoma de México; a los directores generales del Instituto Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a dos rectores de universidades de las entidades federativas y a dos más de universidades privadas. (art. 3°, Acuerdo del 23 de octubre de 2000, DOF) Entre las atribuciones de la Comisión destacaban fijar los principios éticos mínimos que deberían seguirse para la atención médica en las instituciones de salud, así como recomendar los criterios que serían observados en la reglamentación de la investigación en seres humanos (art. 3°, Acuerdo del 23 de octubre de 2000, DOF).

De lo anterior puede enfatizarse que la Comisión Nacional de Bioética era un órgano de consulta sin mayor atribución, lo cual limitaba significativamente su capacidad para influir de manera directa en las prácticas bioéticas dentro del sistema de salud y en las instituciones de investigación científica. Esta naturaleza consultiva, si bien aportaba directrices éticas, reflejaba la intención de establecer una referencia moral más que un mandato regulador, dejando a criterio de las instituciones la adopción y cumplimiento de los principios éticos promovidos por la comisión.

En 2003 se impulsó la creación de las comisiones de bioética de las entidades federativas.

El 7 de septiembre de 2005 Vicente Fox Quesada (Presidente de México 2000-2006) crea por decreto la Comisión Nacional de Bioética como un órgano desconcentrado, de carácter permanente “dotado de autonomía técnica y operativa, la cual tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en México, fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la docencia en salud” (art. 1°, Decreto del 7 de septiembre de 2005, DOF).

El ejercicio de derecho comparado entre el Acuerdo que crea la Comisión Nacional de Bioética de 2000 y el Decreto que crea la Comisión Nacional de Bioética de 2005 arroja diferencias significativas que manifiestan un desarrollo en la estructura institucional de la bioética en México. En el Acuerdo de 2000, la Comisión Nacional de Bioética se concibe con un carácter más técnico y vinculado a la Secretaría de Salud, con una integración centrada en las instituciones del sector salud y la academia con el objetivo de dar normas cada vez más completas para la tutela de la dignidad humana en el ámbito de la atención médica y la investigación.

Por otro lado, el Decreto de 2005 supone una evolución tanto en la estructura como en las facultades de la Comisión, dotándola de un carácter más formal y vinculante. La integración pasa de un esquema de representación múltiple a una organización más compacta, con un Consejo que tiene seis consejeros y un presidente, y la inclusión de personalidades distinguidas de la sociedad civil. Las facultades de la Comisión se amplían, subrayándose su papel en la creación de políticas públicas de salud asociadas a la bioética y su rol como órgano consultivo nacional. Además, se refuerza la promoción de comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación, resaltando la importancia de la capacitación y el establecimiento de criterios para su funcionamiento (Tabla 1).

Table 1

Rubro	ACUERDO que crea la Comisión Nacional de Bioética de 23 de octubre de 2000	DECRETO que crea la Comisión Nacional de Bioética de 7 de septiembre de 2005
Integración	ARTÍCULO TERCERO Titular de la Secretaría de Salud (preside). Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Titular de la Comisión Nacional de Arbitraje México Secretario del Consejo de Salubridad General y Dos representantes de la Secretaría de Salud.	ARTÍCULO TERCERO I.
		Un Consejo. Seis consejeros y un presidente.
		Podrán ser invitados a participar: Distinguidas personalidades de la sociedad civil y de la comunidad médica (tendrán voz, pero no voto).
		II. Un director ejecutivo, y
	Podrán ser invitados a participar: Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; dos rectores de universidades de las entidades federativas y dos rectores de universidades privadas; instituciones de investigación, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y diversos miembros de la comunidad científica, agrupaciones e instituciones cuya especialidad o fines estén relacionados con el objeto de la Comisión.	III. Las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Facultades	ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento de su objeto corresponderá a la Comisión: I. Proponer una guía ética para la atención médica y la investigación;	ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Comisión Nacional de Bioética: IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica;
	II. Fijar los criterios o principios éticos mínimos que deberán observarse para la atención médica en las instituciones públicas y privadas de salud;	VIII. Promover que en las instituciones de salud públicas y privadas, se organicen y funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités; IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación para el desarrollo de sus actividades;
	III. Difundir entre la sociedad y los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud los principios y valores que deben regir el ejercicio de su actividad;	III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin de ofrecer información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales o cualquier otro sector interesado;
	IV. Fomentar el respeto de los principios éticos en la actividad médica;	V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la sociedad; X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas con su objeto; XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas;
	V. Opinar sobre los protocolos de investigación en seres humanos;	XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su consideración;
	VI. Opinar sobre la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, así como su uso correcto en la práctica médica; VII. Dar a conocer los criterios que deberán considerar las comisiones de ética y de bioseguridad de las instituciones de salud;	VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y la investigación para la salud;
	VIII. Apoyar el desempeño de las comisiones de ética de las instituciones de salud;	VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética;
	IX. Recomendar, en general, los criterios que deberán observarse en la reglamentación de la investigación en seres humanos;	I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética;
	X. Emitir las reglas de operación de la Comisión, y
	XI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal.	XV. Las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud.
		XII.Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones relacionadas con la salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, educación, entre otras, y

La primera ley de salud en México fue la del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), fechada en 1943.

A nivel federal, la primera Ley General de Salud es de 1984 dada en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en ella se dedicó el título quinto a la Investigación para la salud. Así el artículo 96 enlistó las acciones que contribuyen a la investigación para la salud. En esta ley se sentó por primera vez la obligación para las instituciones de salud de contar con comités de ética.

En la tabla 2 se presenta un ejercicio de derecho comparado con la finalidad de destacar cómo se fue adaptando la legislación en la materia de acuerdo con las necesidades que se evidenciaron al comenzar a instalar los primeros comités de ética en investigación.

Table 2

Rubro	Ley General de Salud de 1984	DECRETO por el que se adiciona el artículo 41 Bis y se reforma el artículo 98 de la Ley General de Salud.	Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
Comité de ética de investigación	No existe el artículo 41bis	Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, además de los señalados en los artículos 98 y 316 de la presente Ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités:	ARTICULO 99.- En toda institución de salud en donde se realice investigación para la salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán:
		II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, un Comité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones. Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.	I. Un Comité de Ética en Investigación en el caso de que realicen investigación en seres humanos; Fracción reformada DOF 02-04-2014
			II. Un Comité de Bioseguridad encargado de determinar y normar al interior de la institución el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética, con base en las disposiciones jurídicas aplicables, y Fracción reformada DOF 02-04-2014
			III. Un Comité de Investigación, cuya integración será obligatoria para las instituciones de atención a la salud.
Comité de investigación/ Comité de ética de investigación	ARTICULO 98.- En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán: una comisión de investigación; una comisión de ética, en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, y una comisión de bioseguridad encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad General emitirá las disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que considere que es necesario.	Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán:
		I. Un Comité de Investigación;
		II. En el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un Comité de Ética en Investigación, que cumpla con lo establecido en el artículo 41 Bis de la presente Ley:
	ARTICULO l00.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:	Artículo 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:	Título Segundo De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos Arts. 13-27
	I.- Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica;	I. Sin cambios II. Sin cambios	Capítulo II De la investigación en comunidades Arts. 28-33
	II.-Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro método idóneo;	II. Sin cambios	Capítulo III De la Investigación en menores de edad o incapaces Arts. 34-39
	III.-Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación:	II. Sin cambios	CAPITULO IV De la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos; de la utilización de embriones, obitos y fetos y de la fertilización asistida. Arts. 40-56
	IV.-Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud;	IV. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud;	CAPITULO V De la investigación en grupos subordinados. Arts. 57-58
	V.-Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes;	V. Sin cambios
	VI.-El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y	VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte del sujeto en quien se realice la investigación;
	VII.-Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.	VII. Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda, y
		VIII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.

A la fecha de redacción de este ensayo, en el portal de internet conbioética-méxico se encuentran dos listas de registros emitidos de comités de ética en investigación en la primera de ellas se reportan 239 comités de instituciones públicas y privadas cuya vigencia fue de 2016 a 2019 (conbioetica-mexico.salud.gob.mx, 2018). La segunda lista presenta 276 comités de ética en investigación de organizaciones públicas y privadas, con registro válidos entre 2016 y 2021 (conbioetica-mexico.salud.gob.mx, 2018).

Son organismos consultivos de naturaleza multidisciplinaria e interinstitucional cuyo objetivo es promover la observancia de los principios bioéticos para el respeto de los derechos humanos. Actualmente se cuenta con 26 CEB y corresponden a los Estados de: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. (Gobierno de México, 2024)

En 2005 la CONBIOÉTICA emitió los lineamientos operacionales para las CEB. En 2011 se volvieron a publicar y esta edición ya contenía normas específicas para su conformación y funcionamiento. (CONBIOÉTICA, 2015) De forma habitual se realiza la evaluación de los lineamientos a través del “Cuestionario de Análisis de Impacto de Lineamientos Operacionales”.

Las CEB tienen las atribuciones que en cada entidad federativa le otorga la ley local respectiva, de acuerdo con su decreto de creación y al marco legal de los Servicios Estatales de Salud.

Dentro de las facultades de las CEB están:

Procurar la observancia de los criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones relacionadas con la salud.

El INSP se crea mediante decreto presidencial el 26 de enero de 1987, como un elemento necesario en el Sistema Nacional de Salud para el goce efectivo del derecho a la protección de la salud. En el INSP se integraron el Centro de Investigación en Salud Pública que se había creado por Acuerdo Secretarial en 1984 y que tenía como objetivo “contribuir, a través de la investigación y la docencia de alto nivel, al conocimiento y control de los problemas de salud prioritarios, al desarrollo de la salud pública y al diseño de formas racionales de organización de servicios de salud” (DOF, 26/01/1987); el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas establecido por Acuerdo Secretarial también de 1984 con el objetivo de “desarrollar e impulsar las investigaciones y formar recursos humanos en el campo de las enfermedades transmisibles” (Ídem) y la Escuela de Salud Pública de México que tuvo como antecedente la Escuela de Salubridad creada en 1922 (Gudiño et al., 2013). La Escuela de Salud Pública de México se encargaba de “planear, organizar y realizar, de acuerdo con las necesidades del Sistema Nacional de Salud, programas de formación y desarrollo de recursos humanos a nivel técnico, superior y de posgrado en los campos de la salud pública” (Ídem).

De los objetivos del INSP destacan: Promover que se realice investigación en salud pública y en infectología, así como difundir los resultados en coordinación con oficinas del Sector Salud, planear, realizar y evaluar investigaciones en materia de salud pública y la infectología, que lleven al incremento del conocimiento de los problemas de salud que son prioritarios, así como diseñar métodos y técnicas de investigación científica aplicables a los estudios relacionados con la salud.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se crea en 1970 como organismo público descentralizado, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se constituyó para promover y robustecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México. En 2023 la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación transforma el nombre del CONACYT a CONAHCyT para evidenciar la importancia de la investigación en Humanidades. En la misma ley se constituyó el Sistema Nacional de Centros Públicos a cargo del CONAHCyT y al cual se integraron 27 Centros Públicos de Investigación: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ), Centro de Tecnología Avanzada A. C. (CIATEQ), Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR), Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE), Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Centro de Investigación en Matemáticas A. C. (CIMAT), Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. (CIO), Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), El Colegio de Michoacán (COLMICH), El Colegio de San Luis A. C. (COLSAN), Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S. A. de C. V. (COMIMSA), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Instituto de Ecología (INECOL), Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), Instituto Mora, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. (IPICYT).

Este Sistema Nacional de Centros Públicos se concretó para articular los recursos, infraestructuras y redes de los Centros Públicos, con el objeto de contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional, a fin de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país… (Artículo 75, párrafo primero).

Antes de conformar el actual Sistema de Centros Públicos estas instituciones de enseñanza e investigación eran denominados Centros SEP-Conacyt y ya eran considerados como un sistema desde 1992 (Subsector Ciencia y Tecnología del Sector de Educación Pública). En ese mismo año pasan de estar a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto a incorporarse al CONACyT. En 2000 se emite el Acuerdo por el que se reconocen diversas entidades paraestatales del Sistema SEP-CONACYT, como Centros Públicos de Investigación (17 en total en el año 2000). Es decir, a estos Centros se les da el trato de entidades paraestatales. En 2003 se publica el Acuerdo por el que se resectorizan las Entidades Paraestatales que integran el Sistema de Centros Públicos CONACYT, en el sector coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Todas las instituciones que componen el Sistema de Centros Públicos cuentan con Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y tienen Comité de Ética en investigación el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A. C. (CIAD), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), de acuerdo con las declaraciones que hacen en sus páginas de internet. En el listado actual de registros emitidos de Comités de Ética en Investigación, no aparecen los centros públicos de investigación incorporados en 2023 al Sistema Nacional de Centros Públicos a cargó del CONAHCyT; sí están inscritas otras 151 IES, hospitales públicos federales y estatales (CONBIOÉTICA, 2024).

La legislación aplicable a la ética y bioética de la investigación científica en nuestro sistema jurídico tiene su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La Ley General de Salud y los reglamentos que de ella emanan, deben su existencia al artículo 4° de la CPEUM.

A nivel supranacional, desde su incorporación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, México ha asumido el compromiso de adherirse y cumplir con los diversos tratados y convenciones internacionales que garantizan la dignidad humana y protegen los derechos fundamentales.

A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, como se asentó en la introducción de este trabajo, las normas para la ética y la bioética de la investigación científica comenzaron a establecerse en 1947, año en que se concretó el Código de Nüremberg que incluye diez principios que debían regir a las investigaciones científicas en materia de salud: el consentimiento informado del sujeto de experimentación, la beneficencia del experimento, la formulación ética y bioética del experimento y su impacto en la dignidad humana (Ferrer y Pastor, 1999). En 1948 se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se enfatizó que la dignidad es propia de todos los seres humanos por lo que se prohibió la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), así como el respeto de los derechos inherentes a la naturaleza humana.

Fue en 2005 que la Conferencia General de la UNESCO formuló la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos buscando con ello fortalecer el compromiso de las Naciones firmantes para realizar acciones concretas a favor de la ética y la bioética en la práctica médica, las ciencias de la vida y las tecnologías ligadas a ellas y que se utilizan en los seres humanos (artículo 1°). Esta Declaración retoma los principios del Código de Nüremberg. En el artículo 3° se asienta la responsabilidad compartida de respetar la dignidad humana y el bienestar de la persona que debe prevalecer sobre el interés de la ciencia y de la propia sociedad. El artículo 19 promueve la creación de los comités de ética para: “a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos; b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos; c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración; d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así como su participación al respecto” (UNESCO, 2006).

Es importante señalar que, si bien en junio de 2011 se reformó la Constitución mexicana insertando el término “derechos humanos”, así como los principios pro-persona y de convencionalidad en el artículo 1°, al poco tiempo se denunció la Contradicción de Tesis 293/2011 que se resolvió 2013 estableciendo que los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte tienen igual forma normativa que las normas de la Constitución federal; aunque prevalecen restricciones y limitaciones de derechos humanos que pudiera haber en esta última, pues no hay una relación jerárquica entre las normas de derechos humanos de carácter supranacional y las normas nacionales. Este criterio, llegado el caso, aplicaría también para el tema que nos ocupa, salvo que se establezca una nnueva pauta.

La Universidad Nacional Autónoma de México es el referente por excelencia de la investigación científica en este país. La institución nace formalmente en 1910 al aglomerarse las escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes y de Altos Estudios, aunque fue declarada autónoma hasta 1929 (unam.mx).

Una vez concluida la etapa de la Revolución Mexicana, algunos grupos de profesionistas mexicanos se dieron a la tarea de reconstruir el tejido educativo necesario para impulsar el desarrollo del país, impulsando la consolidación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM) como la conocemos actualmente.

La formalización de la UNAM como cuna de la investigación científica en México se dio a partir de la creación de los distintos institutos y centros especializados que fueron por mucho tiempo y siguen siéndolo, los referentes en la materia. Actualmente, la UNAM cuenta con 37 institutos dedicados a la investigación científica.

En la tabla 3 puede observarse cómo a través de los años se fue concretando la investigación científica de la UNAM.

Table 3

Instituto	Año de creación	Denominación anterior
Instituto de Geología (IGL)	1882	Instituto Geológico de México
Instituto de Biología (IB)	1929
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)	1930
Instituto de Investigaciones Estéticas	1935	Laboratorio de Arte
Instituto de Física (IF)	1938
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)	1940	Instituto de Derecho Comparado
Instituto de Neurobiología	1940
Instituto de Investigaciones Económicas	1940
Instituto de Investigaciones Filosóficas	1940	Centro de Estudios Filosóficos
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB)	1941	Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos
Instituto de Química	1941
Instituto de Matemáticas	1942
Instituto de Geografía (IGg)	1943
Instituto de Geofísica (IGEF)	1945
Instituto de Investigaciones Históricas	1945
Instituto de Ingeniería (II)	1956
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)	1958	Centro de Cálculo Electrónico de la Facultad de Ciencias
Instituto de Investigaciones Antropológicas	1963	Sección de Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas
Instituto de Astronomía de la UNAM (IA)	1967	Observatorio Astronómico Nacional
Instituto de Ciencias Nucleares (ICN)	1967	Laboratorio Nuclear
Instituto de Investigación en Materiales	1967	Centro de Materiales
Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB)	1967
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT)	1971	Centro de Instrumentos
Instituto de Fisiología Celular (IFC)	1973
Instituto de Investigaciones Filológicas	1973
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)	1976	Centro de Estudios sobre la Universidad
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC)	1977	Centro de Ciencias de la Atmósfera
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL)	1981
Instituto de Biotecnología (IBt)	1982	Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología
Instituto de Energías Renovables (IER)	1985	Laboratorio de energía solar (1985-1996), Centro de Investigación en Energía (1996-2013)
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias Sobre Chiapas y la Frontera Sur	1985	Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas (CIHMECH)
Instituto de Ecología	1988	Centro de Ecología
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES)	1996	Departamento de Ecología y Recursos Naturales (DERN) del Instituto de Ecología
Instituto de Ciencias Físicas (ICF)	1998	Centro de Ciencias Físicas
Instituto de Geociencias	2002	Centro de Geociencias
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica	2003	Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRyA)
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI)	2012

En 2024 la UNAM cuenta con 42,615 profesores con las designaciones de: profesor de carrera, investigadores, técnicos académicos en docencia, técnicos académicos en investigación, profesores de asignatura, ayudante de profesor, ayudante de investigador, profesor e investigador visitante, profesor e investigador emérito. Del total de profesores 6,361 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCyT (Portal de Estadística UNAM, 2024).

La UNAM es la universidad pública con el mayor presupuesto en México y la que más invierte en investigación (26.2 %). Esto es para reflexionarse dado que el gobierno mexicano no ha aumentado de forma significativa el gasto en investigación los últimos años y que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece bajo el rubro Presupuesto Público Federal para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación: 0.30 % del PIB en 2020, 0.38 del PIB en 2021, 0.20 % del PIB en 2022, 0.38 % del PIB en 2023 y 0.36 % del PIB en 2024 (diputados.gob.mx); lo que no cumplió en su momento con lo establecido en el artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología y que a letra señalaba que “el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país”. (diputados.gob.mx) Esta ley fue abrogada el 8 de mayo de 2023 por la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la que sólo se indica que el “monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior” (Artículo 30, último párrafo). En la tabla 4 se aprecia el presupuesto de egresos de la UNAM correspondiente a los años 2000, 2004, 2014 y 2024, así como las áreas en que se divide, destacando cómo ha crecido, permitiéndole mantenerse a la vanguardia en desarrollo académico e investigación.

Table 4

	2000	2004	2014	2024
Total	10,686,631,573	16,456,140,562	35,584,146,143	55,959,055,956
Docencia	6,435,152,351	9,835,832,236	21,964,531,804	34,531,509,163
Nivel superior	4,945,009,969	7,496,737,023	17,045,191,198	27,139,457,946
Nivel bachillerato y técnico	1,490,142,382	2,339,095,213	4,919,340,606	7,392,051,217
Investigación	2,567,822,326	4,155,287,017	9,061,644,867	14,640,689,626
Extensión universitaria	927,976,677	1,303,826,758	2,763,110,824	4,242,588,731
Gestión institucional	755,680,219	1,161,194,551	1,794,858,648	2,544,268,436

Además de la UNAM existen otras Instituciones de Educación Superior públicas y privadas que realizan investigación, como el Instituto Politécnico Nacional creado en 1936 y que cuenta actualmente con veinte centros de investigación y veinte secciones de estudio de posgrado e investigación. Algunas Secretarías de Estado también realizan investigación como por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que tiene dos colegios, dos comisiones y un instituto nacional de investigaciones; la Secretaría de Salud que cuenta con diez centros nacionales, cuatro comisiones nacionales, un consejo nacional, nueve hospitales, el sistema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), doce institutos nacionales, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V. y Servicios de Atención Psiquiátrica.

En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior Privadas, son pocas las que realizan investigación científica pues esto implica una importante inversión económica para contar con la infraestructura y bienes necesarios para formar sus cuadros de investigadores y desarrollar líneas de investigación. El QS World University Rankings 2025 enlista a 12 universidades privadas mexicanas que poseen con una red de investigación: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Anáhuac México, Universidad Iberoamericana México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad de las Américas Puebla, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Monterrey, Universidad La Salle, Universidad del Valle de México y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (QS Topuniversities, 2025).

La regulación de la ética y la bioética en la investigación científica en México es indispensable para garantizar el avance en la materia, pero, sobre todo, para promover la integridad, seguridad y responsabilidad en el ámbito científico.

De la regulación de qué se hace y cómo se hace la investigación científica, particularmente en los casos en que los sujetos del estudio son personas, depende la protección de su bienestar y sus derechos. El Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud y la integridad de las personas, por lo que debe vigilar y en su caso, castigar prácticas no éticas y promover la responsabilidad y transparencia en materia de investigación.

La CONBIOÉTICA es una institución fundamental en México para asesorar y coordinar esfuerzos para integrar la bioética en las políticas y programas públicos, así como vigilar que las prácticas científicas se desarrollen conforme a los principios éticos y bioéticos universales. La coadyuvancia de los Comités de Ética en Investigación debe asegurar un escenario propicio para generar investigación científica congruente con las normas éticas y legales, enfatizando aspectos como el consentimiento informado, la confidencialidad, el respeto a la dignidad humana, entre otros.

El papel de las instituciones públicas como el INSP, CONAHCyT, UNAM, entre otras, además de las IES públicas y privadas es fundamental para el desarrollo de la investigación científica ética, apegada a la bioética, de calidad y que impulse el desarrollo del país.

Es de suma relevancia la profesionalización de los comités de ética y bioética de la investigación de cualquier institución, ya sea pública o privada pues ello redundará en la vigilancia y promoción de buenas prácticas en la investigación científica, siempre a favor del respeto de la dignidad humana.

La regulación de la ética y la bioética en la investigación científica en México es un gran avance para la protección de los derechos humanos. La eficacia de los comités de ética y bioética de la investigación científica es responsabilidad de todos, hagamos que suceda.